El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha decidido reforzar su seguridad personal tras recibir amenazas que han generado alarma en su administración. Según informó, los hechos recientes incluyen balas encontradas en los autos de funcionarios municipales y frente a su domicilio, lo que motivó la intervención de la SEDENA y Guardia Nacional para garantizar su protección.
El presidente municipal reconoció que la amenaza puede originarse de grupos criminales que operan en la región, aunque señaló que “puede ser cualquiera, hay muchos intereses”. Funcionarios de áreas como Fiscalización y Desarrollo Urbano también fueron mencionados como posibles objetivos.
Contexto de inseguridad en Celaya
Celaya, ubicada en el estado de Guanajuato, ha sido escenario de múltiples incidentes violentos, principalmente por la presencia del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL). Este grupo criminal ha marcado territorio con actos intimidatorios, desde ataques a comercios hasta amenazas directas a autoridades locales.
Ramírez Sánchez enfatizó que, a pesar del riesgo, no planea presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, cuestionando: “¿A quién acusamos de que nos pusieron las balas?”. Esta postura refleja la complejidad de enfrentar la violencia organizada en la región, donde las investigaciones pueden verse limitadas por la intimidación y el temor a represalias.
Refuerzo de seguridad ante amenazas
Para garantizar la protección del alcalde y de sus colaboradores, SEDENA y Guardia Nacional incrementaron la vigilancia, estableciendo patrullajes constantes alrededor de su domicilio y oficinas municipales. Ramírez Sánchez reconoció que estas medidas son necesarias para prevenir ataques y proteger la integridad de los funcionarios.
El mandatario municipal también destacó que desde el inicio de su gestión estaba consciente de los riesgos de inseguridad, pero reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la ciudadanía pese a las amenazas.
Implicaciones políticas y sociales
Las recientes amenazas en Celaya no solo representan un riesgo personal, sino que reflejan la influencia de los grupos delictivos en la política local. Analistas coinciden en que la presión de estas organizaciones puede afectar decisiones administrativas y obstaculizar programas de desarrollo, creando un clima de incertidumbre tanto para autoridades como para la población.
El caso de Celaya ejemplifica los desafíos que enfrentan los municipios mexicanos donde la violencia organizada se cruza con la gobernabilidad, evidenciando la necesidad de estrategias de seguridad coordinadas entre autoridades municipales, estatales y federales.
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