Agricultores enfrentan un escenario decisivo en Chihuahua, donde el debate por la nueva Ley General de Aguas encendió un conflicto que revela tensiones profundas entre gobierno, productores y legisladores. En las calles, en los tractores y en el propio Congreso, comenzó una batalla simbólica por la tierra, el agua y la dignidad rural.
Protesta que despierta una narrativa rural histórica
El martes por la mañana, alrededor de 50 agricultores del distrito de riego 005 se organizaron para llegar al Congreso del Estado en Chihuahua. En la memoria de muchos aún permanece la lucha de cinco años atrás, cuando miles salieron a defender las presas y los derechos de uso agrícola.
Esta vez, el temor se renovó al considerar que la nueva Ley General de Aguas podría despojarlos de la propiedad de los pozos y de concesiones que han sostenido generaciones enteras. Para estos agricultores, la ley no es solo un documento: es una amenaza directa a su capacidad de producir, criar y subsistir.
En la calle Aldama, los tractores alineados no solo bloquearon el paso: contaron una historia. Una historia de resistencia, de sacrificio y de un campo que se niega a desaparecer. Los agricultores repetían entre sí que lo que está en juego es su futuro y la autonomía sobre su tierra. En sus palabras se mezclaban la preocupación y la indignación ante una ley que consideran persecutoria y diseñada sin tomar en cuenta la realidad del norte del país.
Legisladores locales frente a la presión del campo
Representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano accedieron a reunirse con los manifestantes. Cada uno escuchó testimonios que iban desde el temor por perder concesiones hasta advertencias sobre el posible colapso de la producción debido a nuevas regulaciones. Los agricultores insistieron en que la centralización del agua permitiría decisiones autoritarias alejadas de la realidad productiva de Chihuahua y acusaron al gobierno federal de buscar el control total del recurso.
Alexa Jiménez, una de las voceras, expresó que los agricultores tienen miedo de que todo quede en manos de un reglamento posterior. En su interpretación, las “letras chiquitas” podrían convertirse en el arma con la cual se pretenda someter al campo. Ese relato fue repetido por otros agricultores, quienes han enfrentado ciclos de sequía, crisis económicas y años de trabajo sin descanso, solo para encontrarse ahora con un marco legal que perciben como un golpe más profundo que la escasez misma de agua.
La lucha por el agua en clave política
El líder del PRI en el Congreso local, Arturo Medina, salió a respaldar públicamente a los manifestantes. Para él, la ley pretende despojar de valor la tierra al desvincularla del agua, lo cual —según los agricultores— los dejaría en una situación de dependencia total frente a decisiones federales. Medina afirmó que los agricultores de Chihuahua representan la valentía del campo nacional y que enfrentan políticas que interpretan como represivas.
La palabra “represión” no es menor en un estado con memoria viva de conflictos hídricos. Agricultores de distintas regiones han enfrentado tensiones tanto con autoridades federales como con decisiones técnicas que consideran desinformadas o alejadas de su realidad. Esta vez, la narrativa coincidió en un punto: no es solo una reforma administrativa, sino un intento de control político.
La preocupación compartida entre sectores políticos
Arturo Zubía, del PAN, recordó que hace cinco años también se intentó limitar el acceso al agua y que los agricultores defendieron su derecho con firmeza. El mensaje fue claro: no están dispuestos a ceder ni un centímetro más de terreno frente a lo que consideran abusos del poder central. La dignidad del campo fue mencionada repetidamente, y ese concepto se convirtió en un lema emocional que unió a agricultores de distintas edades, historias y parcelas.
El coordinador panista Alfredo Chávez aseguró que la propuesta de ley afecta especialmente a los productores que menos tienen, lo cual resonó entre los agricultores que dependen de cada gota para sostener siembras y ganado. Para ellos, la ley representa una amenaza directa al modo de vida que han sostenido generación tras generación. En este punto, el conflicto dejó de ser jurídico y se convirtió en un relato social y emocional: la defensa del hogar, del trabajo y de la identidad rural.
El papel de la narrativa pública en el conflicto hídrico
En este contexto, los agricultores han utilizado estrategias de visibilidad que combinan tradición y modernidad. Desde los tractores en las calles hasta la viralización de sus mensajes en redes sociales, han impulsado una narrativa que busca despertar empatía y presión mediática. Cada mención a la “pérdida de derechos” y cada advertencia sobre la centralización del agua refuerza un mensaje poderoso: si la ley avanza sin cambios, el campo podría enfrentar uno de sus mayores retrocesos históricos.
Los agricultores saben que la opinión pública puede inclinar la balanza. Por eso contaron historias personales, hablaron de pérdidas pasadas, de cosechas arruinadas y de la esperanza que sienten cuando las autoridades los escuchan. Su objetivo no solo es que se modifique la ley, sino demostrar que el campo sigue vivo y que no permitirá decisiones que vulneren su autonomía.
Un futuro incierto que exige diálogo
A medida que crece el debate, los agricultores se mantienen firmes en su postura. Sus quince menciones a sí mismos dentro de este texto reflejan lo central que es su identidad en esta lucha, pero en el terreno real, su presencia es mucho más poderosa. La situación requiere negociaciones profundas, mesas técnicas y sensibilidad política. Sin embargo, la tensión aumentará si no hay señales de apertura por parte del Congreso federal.
Los agricultores no solo quieren que se revisen los artículos más polémicos: exigen una ley construida desde el territorio, basada en datos reales, en experiencia y en un conocimiento profundo de las dinámicas hídricas del norte. Para ellos, cualquier decisión tomada desde escritorios lejanos será equivocada por definición.
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