La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno de México con el objetivo de garantizar un acceso más amplio y oportuno a la información pública. La medida busca reforzar el principio constitucional de máxima publicidad mediante nuevas reglas para la publicación de datos gubernamentales, la modernización de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y una reducción de los criterios para reservar información.
La mandataria explicó que el decreto será firmado de inmediato y posteriormente se incorporará a la Ley General de Transparencia mediante una iniciativa que será presentada al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Señaló que el propósito es que todas las dependencias del Gobierno federal sean “todavía más transparentes” y faciliten el acceso ciudadano a la información pública.
Sheinbaum recordó que estas acciones tienen como base el artículo sexto de la Constitución, el cual garantiza el derecho de todas las personas a recibir información plural y oportuna, así como el acceso a la información en poder de cualquier autoridad. Destacó que la Carta Magna establece que toda información pública debe estar disponible para la ciudadanía y únicamente podrá reservarse de manera temporal por razones de interés público o de seguridad nacional.
La presidenta subrayó que el principio de máxima publicidad obliga a todas las instituciones públicas a documentar sus actos y poner esa información al alcance de la población. Por ello, afirmó que el nuevo decreto busca hacer más efectivo ese derecho y reducir los espacios de discrecionalidad en el manejo de la información oficial. “Es transparencia total del Gobierno de México”, afirmó.
¿Qué trae el nuevo decreto?
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto impulsará a las instituciones públicas a difundir información adicional a la que actualmente están obligadas por ley. Indicó que el objetivo es facilitar el acceso a datos de interés público y mantenerlos actualizados de manera permanente dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Buenrostro informó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la dependencia recibió una plataforma tecnológica con problemas de funcionamiento. “Durante nuestra recepción de la plataforma la hemos estado estabilizando”, señaló.
Explicó que el sistema tenía más de ocho años de operación y presentaba constantes fallas. También destacó que ya se incorporaron nuevas herramientas para descargar información de forma más sencilla y permitir un mejor análisis de los datos públicos.
La funcionaria adelantó que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Plataforma Nacional de Transparencia contará con más información de interés público. Además, explicó que el decreto se concentra en cuatro áreas prioritarias: contrataciones públicas, filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fiscalización y auditorías, además de una invitación para que los poderes públicos y los distintos niveles de gobierno adopten estas mismas prácticas.
Uno de los principales cambios será la publicación mensual de todos los contratos del gobierno federal. Actualmente, esa información se difunde cada tres meses, pero con el nuevo esquema se actualizará de forma mensual para que la ciudadanía pueda conocer con mayor rapidez las adquisiciones, obras y servicios contratados por las dependencias federales.
En el caso de Pemex y CFE, la secretaria anunció que se ampliará la información disponible al público. Entre los nuevos contenidos estarán los informes presentados ante agencias extranjeras, los estados financieros, los reportes de gobierno corporativo, las políticas de operación de sus filiales y los contratos relacionados con esas empresas productivas del Estado. La intención, dijo, es que toda esa información pueda consultarse de manera abierta, salvo los casos expresamente previstos por la Constitución.
Mayor fiscalización
Otro apartado del decreto contempla mayor apertura en materia de fiscalización. La Secretaría de Anticorrupción difundirá información adicional sobre su programa anual de auditorías, estadísticas, avances en la atención de observaciones detectadas durante las revisiones y el padrón de despachos externos encargados de auditar dependencias y entidades públicas.
Según Raquel Buenrostro, esta información es una de las que con mayor frecuencia solicitan los ciudadanos mediante mecanismos de acceso a la información.
Límites a información reservada
La funcionaria también anunció una simplificación en los criterios para clasificar información reservada. Explicó que actualmente existen 17 fracciones relacionadas con reservas de información, las cuales serán simplificadas para concentrarse únicamente en los conceptos de interés público y seguridad nacional establecidos en la Constitución.
Además, aseguró que la prioridad será elaborar versiones públicas de los documentos para que únicamente permanezca reservada la información estrictamente indispensable. “Se va a dar prioridad a que la información que se reserve no sólo sea temporal, sino también se publique en versiones públicas”, afirmó.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum explicó que una de las principales novedades del decreto consiste en eliminar la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información puede hacerse pública. Señaló que, con las nuevas reglas, existirán lineamientos específicos que definirán con claridad qué información puede reservarse por motivos legales o de seguridad nacional y cuál deberá difundirse obligatoriamente.
Añadió que el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia continuará durante el próximo mes y reiteró que el propósito final es garantizar a todos los mexicanos el derecho de conocer cómo se ejercen los recursos públicos y cómo actúan las instituciones del Estado.
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