La atención que reciben las niñas y los niños durante sus primeros cinco años de vida presenta importantes desigualdades en México. Problemas de desnutrición, consumo temprano de bebidas azucaradas, baja asistencia a consultas preventivas, cobertura limitada de educación inicial, violencia y pobreza forman parte del diagnóstico que reconoce el propio Gobierno federal.
Ante este panorama, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 2026-2030 establece la ruta que deberán seguir las instituciones públicas durante los próximos años. El documento, dado a conocer mediante un aviso publicado este viernes 24 de julio en el Diario Oficial de la Federación, busca coordinar los servicios que reciben las niñas y los niños desde el embarazo hasta los cinco años.
La política está dirigida a una población estimada en 12 millones 272 mil 549 niñas y niños de cero a cinco años. De ese total, poco más de seis millones son niñas y alrededor de 6.2 millones son niños. La estrategia considera esta etapa como decisiva porque durante los primeros años se forman las bases del desarrollo físico, emocional, social y cognitivo.
Rezagos en la primera infancia
El primer problema identificado aparece incluso antes del nacimiento. Aunque el 98.2% de los partos fue atendido por personal médico, solamente el 64.2% de las madres de menores de dos años comenzó oportunamente su control prenatal, es decir, durante las primeras semanas del embarazo. El 86.2% recibió el número de consultas considerado adecuado por la norma mexicana.
También existen diferencias en el acceso a suplementos necesarios para prevenir la anemia y otros problemas. Durante el periodo analizado, el 90.2% de las madres recibió ácido fólico y el 79.5% hierro u otros micronutrientes. Sin embargo, entre las niñas y los niños de seis meses a casi cinco años, solo el 56.6% recibió hierro y vitaminas.
Después del nacimiento, uno de los principales rezagos se encuentra en el seguimiento médico preventivo. La norma establece que un bebé debe acudir por lo menos a ocho consultas de control durante su primer año. No obstante, únicamente el 20.7% cumplió con todas las visitas recomendadas.
La falta de vigilancia médica también dificulta detectar a tiempo problemas en el crecimiento, el lenguaje, la movilidad, el aprendizaje o la conducta. Solo el 28.4% de las niñas y los niños menores de cinco años cuenta con al menos una evaluación de desarrollo infantil temprano. Esto significa que una amplia mayoría no ha recibido una valoración formal para identificar posibles retrasos o necesidades especiales.
Desnutrición y mala alimentación
La nutrición representa otro de los retos más importantes. Entre 2020 y 2023, el 13.9% de los menores de cinco años presentó baja talla, una condición relacionada con la desnutrición crónica. Otro 3.9% registró bajo peso, mientras que el 7.7% tenía sobrepeso u obesidad.
La baja talla es más frecuente en los lugares con mayores desventajas. Su prevalencia alcanza el 16.9% en localidades rurales, sube al 20.7% en hogares con inseguridad alimentaria severa y llega al 27.4% en familias donde se habla alguna lengua indígena. La estrategia advierte que la reducción de la desnutrición infantil se ha estancado desde hace varios años.
Al mismo tiempo, México enfrenta un elevado consumo de productos con azúcar desde edades muy tempranas. Ocho de cada diez niñas y niños de uno a cuatro años consumen bebidas azucaradas; cerca del 55% ingiere botanas, dulces o postres, y alrededor del 46% consume cereales azucarados.
El problema comienza antes de los dos años. Entre los menores de seis a 23 meses, la mitad consume bebidas azucaradas, cerca del 42% ya come productos considerados poco saludables y uno de cada cuatro no incluye frutas ni verduras en su alimentación.
Educación limitada
En materia de educación y cuidados, el diagnóstico señala que la cobertura de educación inicial continúa siendo limitada, principalmente entre los menores de tres años. La oferta disponible se encuentra fragmentada entre diferentes instituciones, guarderías, centros de atención infantil y modalidades comunitarias. Además, no todas las familias conocen estos servicios o pueden acceder a ellos cerca de sus hogares.
La estrategia también reconoce problemas en la educación preescolar, especialmente en la asistencia de las niñas y los niños más pequeños, las comunidades rurales, los pueblos indígenas y las familias con menores ingresos. A estos rezagos se sumaron las consecuencias de la pandemia de covid-19, que interrumpió actividades educativas, redujo la convivencia y afectó el aprendizaje y el desarrollo socioemocional.
CRIANZA POSITIVA, POBREZA Y VIOLENCIA EN EL HOGAR
Otro reto es la calidad de las interacciones que los menores tienen con sus madres, padres y personas cuidadoras. El documento señala la necesidad de fortalecer la crianza positiva, el juego, la lectura, la comunicación y la respuesta afectiva a las necesidades de cada niño. Estas actividades forman parte del aprendizaje temprano, incluso antes del ingreso a la escuela.
La protección contra la violencia es otro de los ejes del diagnóstico. La estrategia advierte que las niñas y los niños pueden enfrentar castigos físicos, agresiones psicológicas, negligencia, abuso y otras formas de maltrato en el hogar o en los espacios donde reciben cuidados. También reconoce la persistencia de prácticas culturales que normalizan los golpes y los castigos corporales como métodos de disciplina.
Las condiciones laborales de quienes cuidan a los menores también influyen en su desarrollo. Las licencias de maternidad y paternidad son desiguales y, en muchos casos, insuficientes para acompañar adecuadamente los primeros meses de vida. La mayor parte del trabajo de cuidado continúa concentrándose en las mujeres.
A todos estos problemas se suma la pobreza. La línea base incluida en la estrategia señala que el 8.8% de la población de cero a cinco años se encontraba en pobreza extrema en 2024, equivalente a más de 813 mil menores en la medición empleada por el documento. La falta de ingresos suele presentarse junto con carencias en alimentación, salud, vivienda, seguridad social y educación.
La inversión pública destinada a la primera infancia también permanece por debajo de la registrada en otros países de América Latina. Entre 2018 y 2025 representó, en promedio, 0.5% del producto interno bruto. En 2025 se identificaron 202 mil 514 millones de pesos para este grupo, equivalentes al 20% del gasto destinado a toda la población infantil y adolescente.
LAS ACCIONES PREVISTAS HASTA 2030
Para atender estos rezagos, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 2026-2030 establece cuatro grandes áreas de intervención: salud y nutrición; educación y cuidados; protección; y bienestar y buen vivir. Su herramienta principal será la Ruta Integral de Atenciones, que deberá ordenar los servicios que recibe cada niña o niño en su comunidad.
La ruta comienza desde el embarazo e incluye control prenatal, parto seguro, atención de la persona recién nacida, lactancia, vacunación, nutrición, consultas preventivas y evaluaciones del desarrollo. También incorpora educación inicial, cuidados, identidad, protección contra la violencia y acceso a programas sociales.
En salud, se plantea mejorar la coordinación entre hospitales, centros de salud, autoridades locales, escuelas y sistemas de asistencia social. Las acciones incluyen promover el inicio oportuno del control prenatal, acompañar a las mujeres durante el embarazo y reducir las barreras geográficas, económicas, culturales y lingüísticas que dificultan el acceso a servicios.
También se buscará aumentar la asistencia a la consulta del niño sano, completar los esquemas de vacunación y ampliar las evaluaciones de desarrollo infantil. Cuando se detecte algún problema, la ruta deberá permitir que el menor sea canalizado al servicio correspondiente, sin que la familia tenga que buscar por su cuenta entre diferentes instituciones.
En nutrición, las dependencias deberán impulsar la lactancia materna, la alimentación complementaria saludable y el uso adecuado de suplementos. También se prevén campañas para reducir el consumo infantil de bebidas azucaradas, cereales endulzados, golosinas y productos ultraprocesados.
En educación y cuidados, el objetivo será ampliar el acceso a educación inicial y preescolar, mejorar la calidad de los servicios y capacitar a las personas responsables de atender a los menores. Se promoverán el juego, la lectura, la comunicación, la exploración y las relaciones afectivas como elementos necesarios para el aprendizaje temprano.
La aplicación no será idéntica en todo el país. Cada estado y municipio deberá elaborar un diagnóstico, identificar los servicios disponibles y crear su propia ruta territorial. Se prevén rutas diferenciadas para comunidades indígenas, zonas rurales, personas con discapacidad, familias migrantes y otros grupos que enfrentan desventajas acumuladas.
La estrategia será evaluada mediante 15 indicadores. Entre las metas se encuentra aumentar de 80.7% a 85% la proporción de menores de 24 a 59 meses con desarrollo adecuado en salud, aprendizaje y bienestar psicosocial. También se plantea reducir la pobreza extrema entre los menores de seis años de 8.8% a 7.3% para 2030.
En el ámbito institucional, el Gobierno pretende que las 32 entidades cuenten con comisiones estatales de primera infancia activas, diagnósticos, planes de trabajo y acuerdos de implementación. La línea base indica que actualmente solo la mitad dispone de estos instrumentos completos.
LO QUE DEBES SABER
• La estrategia atenderá a más de 12.2 millones de niñas y niños de cero a cinco años.
• Solo el 20.7% de los bebés recibe todas las consultas médicas durante su primer año.
• Únicamente el 28.4% ha recibido una evaluación de desarrollo infantil temprano.
• El 13.9% de los menores de cinco años presenta baja talla.
• Ocho de cada diez niños de uno a cuatro años consumen bebidas azucaradas.
• La pobreza extrema afecta al 8.8% de la población de cero a cinco años incluida en la medición.
• La Ruta Integral de Atenciones coordinará salud, nutrición, educación, cuidados, protección e identidad.
• Las entidades y municipios deberán adaptar las acciones a sus condiciones locales.
• La estrategia tendrá 15 indicadores para medir sus avances.
• La meta general es elevar a 85% la proporción de menores con desarrollo adecuado para 2030.
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