México evitó el uso irregular o innecesario de casi 84 mil millones de pesos durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, principalmente mediante la revisión de compras, contratos y obras públicas.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno sostiene que la estrategia ha buscado actuar antes de que el dinero sea gastado, además de investigar y sancionar a servidores públicos y empresas cuando las irregularidades ya ocurrieron. Estas irregularidades pueden comenzar desde una licitación diseñada para favorecer a determinado proveedor, continuar con precios inflados y terminar con pagos por productos o servicios que nunca fueron entregados. En otros casos aparecen documentos falsos, conflictos de interés, desvío de recursos o empresas que simulan competir entre ellas.
Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que la prioridad ha sido la prevención.
De los casi 84 mil millones de pesos reportados, alrededor de 29 mil millones provienen de mejoras en las estrategias de compras públicas. Otros 42 mil millones corresponden a la vigilancia de contratos, especialmente de obra pública, para impedir sobrecostos o estimaciones incorrectas. A esto se suman 7 mil 800 millones por la reorganización de estructuras gubernamentales y 4 mil 800 millones derivados del seguimiento de multas y sanciones.
Buenrostro añadió que se revisan los anexos técnicos y requerimientos para impedir que las condiciones de una licitación sean tan específicas que reduzcan artificialmente el número de competidores. La intención, dijo, es abrir la competencia y comparar de manera más clara precios, tecnologías y capacidades de los proveedores.
Un ejemplo fue una compra de equipo médico realizada por el IMSS. Fabricantes fueron reunidos para comparar tecnologías y condiciones de competencia. Según la secretaria, el procedimiento permitió adquirir equipos con tecnología de vanguardia a un costo 46% menor.
Funcionarios sancionados por corrupción en México
La Secretaría reporta 4 mil 193 servidores públicos sancionados durante la actual administración: 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves. Además, mil 737 expedientes de funcionarios fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 87 ya habían recibido sanción y mil 650 continúan en proceso.
Las conductas detectadas muestran cómo puede operar la corrupción desde dentro del gobierno. Entre las principales causas de sanción aparecen autorizar pagos indebidos, sustraer información bajo resguardo oficial, pagar bienes o servicios que nunca fueron entregados, realizar compras innecesarias, ocultar bienes o incrementos patrimoniales y falsificar documentos. La lista también incluye hostigamiento y acoso sexual.
Cuando las irregularidades pueden constituir delitos, el expediente no queda únicamente en el terreno administrativo. De acuerdo con Buenrostro, en dos años fueron presentadas 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República y 53 personas habían sido vinculadas a proceso. Entre los posibles delitos detectados aparecen enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Empresas que simulan competir
La dependencia reportó sanciones contra 286 personas morales. Entre las prácticas más frecuentes están presentar documentación falsa, incumplir contratos, no entregar bienes o servicios y simular experiencia, capacidad económica o personal especializado para conseguir contratos gubernamentales.
Otra práctica consiste en esconder conflictos de interés. Raquel Buenrostro puso como ejemplo licitaciones en las que aparentemente participan cuatro o cinco empresas diferentes, pero todas pertenecen al mismo propietario. En ese escenario no existe una competencia real, pues varias compañías presentan propuestas que parecen independientes, aunque en los hechos forman parte del mismo grupo.
Cuando un particular participa junto con un servidor público en una irregularidad grave, ambos pueden terminar dentro del mismo expediente. La Secretaría informó que 33 particulares fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por su posible vinculación con funcionarios, aunque esos procedimientos todavía están pendientes de resolución.
Contratos pagados, servicios inexistentes
Algunos casos expuestos por Raquel Buenrostro muestran cómo funcionan estas operaciones. Uno corresponde a un contrato de 2015 relacionado con un sistema de inteligencia para la entonces Policía Federal. De 130 millones de dólares considerados en el proyecto, 65 millones salieron como gastos de seguridad nacional, pero, según la investigación presentada, ese dinero no terminó pagando el contrato. Las autoridades administrativas determinaron abuso de funciones y desvío de recursos y aplicaron inhabilitaciones de 15 y 20 años a dos ex funcionarios. El caso también fue denunciado ante la FGR.
Otro expediente surgió en 2025 dentro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Se trataba de un contrato cercano a 80 millones de pesos para producir y envasar más de dos mil toneladas de frijol. Fueron pagados anticipadamente 73.6 millones de pesos, pero el servicio, según la investigación administrativa, nunca se realizó. Nueve servidores públicos y un proveedor quedaron involucrados y el asunto fue enviado tanto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como a la Fiscalía.
Un tercer caso fue localizado con participación del Issste. En un almacén se detectó el reetiquetado de cajas de medicamentos, principalmente productos oncológicos. En el lugar había servidores públicos y personas externas relacionadas con el proveedor. La investigación derivó en una denuncia penal en 2025 y posteriormente en un procedimiento administrativo por presunto abuso de funciones y daño patrimonial.
Piden denunciar corrupción en el gobierno
Raquel Buenrostro afirmó que una denuncia o revisión oportuna puede detener el procedimiento antes de que los recursos salgan de las arcas públicas, por lo que pidió denunciar.
“Cuando participamos antes de que el delito se cometa nosotros logramos ahorrar el dinero”, dijo.
Así, los casi 84 mil millones de pesos reportados no representan dinero recuperado después de actos de corrupción consumados, sino principalmente recursos que el gobierno calcula haber ahorrado mediante compras más competitivas, revisión de contratos, reducción de sobrecostos y reorganización administrativa.
CÓMO EVITAR QUE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN MUERAN EN UN CAJÓN
El gobierno federal prepara cambios legales para acelerar los procedimientos administrativos por corrupción.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que existen expedientes que pueden tardar 15 o hasta 20 años en resolverse. La propuesta busca reducir los plazos y facilitar la recuperación del dinero cuando exista daño al erario.
Dijo que estas modificaciones todavía se encuentran en elaboración para ser enviadas al Congreso.
En tanto, Raquel Buenrostro, la secretaria anticorrupción, explicó que uno de los problemas es que algunas investigaciones permanecen abiertas tanto tiempo que las posibles responsabilidades terminan prescribiendo. Por ello, se trabaja en una propuesta para fijar tiempos a las investigaciones, permitir la reclasificación de conductas cuando se detecte un delito diferente y aclarar competencias entre autoridades para evitar vacíos legales. “Queremos que no haya vacíos legales”, señaló.
Actualmente, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja con otras instituciones en ese paquete de modificaciones para fortalecer la gestión pública y combatir la corrupción. Hasta que las propuestas sean presentadas formalmente, sus alcances definitivos dependerán del contenido de las iniciativas y, en su caso, del proceso legislativo correspondiente.
2,654 PERSONAS DETENIDAS POR HUACHICOL
El combate al robo y contrabando de combustible corre principalmente por la vía penal. De octubre de 2024 a septiembre de 2026, la Fiscalía General de la República había detenido a 2 mil 654 personas por ilegalidades relacionadas con combustibles.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la FGR detalle cuántos son servidores o ex servidores públicos y cuántos pertenecen al sector privado.
En el caso específico de Pemex, la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro explicó que su dependencia interviene administrativamente cuando recibe información sobre servidores públicos presuntamente involucrados. Hasta el momento, las investigaciones sobre robo de combustible no habían identificado directamente a personal de Pemex involucrado, aunque aclaró que las indagatorias continúan.
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