En un enfrentamiento sin precedentes, el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, denunciando lo que considera una «toma hostil» de la Policía de la capital estadounidense. La controversia estalló tras el nombramiento de Terry Cole, director de la DEA, como comisario de emergencia, medida que según las autoridades locales vulnera la autonomía de Washington D.C.
La demanda de D.C. y el alegato de abuso de autoridad
Schwalb sostiene que la intervención federal excede los límites legales de la Home Rule Act, la ley que desde 1973 garantiza la autogestión de la capital. En su comunicado, el fiscal calificó la situación como «la amenaza más grave a la autonomía que el Distrito ha enfrentado jamás».
La demanda solicita a un juez federal declarar inconstitucionales las acciones de Trump y Bondi, bloqueando el control federal sobre la policía y reafirmando la autoridad de la alcaldesa Muriel Bowser y la jefa de la Policía, Pamela Smith.
Nombramiento de Terry Cole y rechazo local
El presidente Trump, en un intento por controlar la seguridad de la ciudad, nombró a Terry Cole como comisario de emergencia, respaldado por la fiscal general federal Pam Bondi. Cole, director de la DEA, asumiría funciones que normalmente corresponden a la administración local.
Tanto Bowser como Schwalb calificaron el nombramiento como «ilegal» y dejaron claro que no acatarán la orden de la administración federal. Esta confrontación marca un hito en la relación entre Washington D.C. y el gobierno federal, reflejando tensiones políticas y legales que podrían prolongarse semanas.
Emergencia de Seguridad Pública y cifras de criminalidad
Trump declaró el lunes una Emergencia de Seguridad Pública, movilizando 800 tropas de la Guardia Nacional y justificando la medida por una supuesta «ola de delitos» en la ciudad. Sin embargo, autoridades locales señalan que los crímenes han disminuido desde el repunte registrado en 2023, cuestionando la necesidad de la intervención federal.
El mandatario anunció además que busca extender el control sobre la Policía de Washington D.C. más allá de los 30 días estipulados por la ley, argumentando que el plazo es insuficiente para «combatir el crimen».
Implicaciones políticas y jurídicas
El enfrentamiento entre el gobierno federal y la capital plantea preguntas sobre los límites del poder presidencial y la autonomía local. Expertos en derecho constitucional advierten que la decisión de Trump podría sentar un precedente peligroso si un juez federal no frena la intervención, afectando la autoridad de gobiernos municipales en todo el país.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo la política y la seguridad se entrelazan en un escenario que amenaza la estabilidad de la capital.
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