Cuando Donald Trump prometió en campaña “devolver la educación a los estados”, muchos creyeron que era solo un lema electoral. Pero la reciente batalla legal iniciada por su gobierno ante la Corte Suprema revela lo contrario: va en serio.
En un giro judicial de alto impacto, la administración republicana apeló una orden del juez federal Myong Joun que exige reincorporar a más de 1.400 empleados despedidos del Departamento de Educación. El gobierno no solo busca mantener los despidos, sino avanzar en su plan para cerrar por completo esta agencia federal.
La batalla legal que detiene su plan estrella
La apelación fue presentada como una “emergencia”, argumentando que el juez Joun actuó fuera de sus límites. Desde la Casa Blanca, el Procurador General D. John Sauer señaló que la decisión judicial “bloquea una política central del Ejecutivo”.
Sin embargo, los tribunales han advertido que eliminar estos puestos críticos “paralizaría al departamento”. Los jueces ya habían intervenido antes: en abril, la Corte Suprema bloqueó otra orden que protegía subsidios educativos clave. Ahora, el desenlace está en manos del máximo tribunal del país.
¿Por qué Trump quiere cerrar el Departamento de Educación?
Para Trump y su círculo más cercano, el Departamento de Educación representa lo que ellos llaman “el fracaso del federalismo educativo”. El expresidente sostiene que el sistema ha sido infiltrado por intereses liberales y que los estados deberían tener el control absoluto.
La orden ejecutiva que emitió en marzo para desmantelar la agencia —»en la máxima medida permitida por la ley»— es una pieza más en esta cruzada. Su propuesta va más allá: trasladar funciones clave a otras agencias, como Salud y Servicios Humanos o Pequeños Negocios.
Las consecuencias: escuelas afectadas y millones de estudiantes en el limbo
El litigio en curso combina dos demandas clave: una de distritos escolares y otra de fiscales generales demócratas. Ambos grupos coinciden en que los despidos masivos han debilitado funciones esenciales: apoyo a estudiantes con discapacidades, distribución de becas y fiscalización de derechos civiles.
Además, el presupuesto de Trump recorta 4.500 millones de dólares destinados a la educación básica, encendiendo alertas en todo el país. ¿Puede la educación sobrevivir sin una estructura federal? Esa es la gran pregunta que se cierne sobre este conflicto.
Una jugada política con repercusiones profundas
Más allá de la disputa legal, este caso se convierte en un termómetro del futuro político de Estados Unidos. Trump busca demostrar que puede desafiar el statu quo y avanzar con su visión, incluso si eso implica ir contra las decisiones de jueces federales o los intereses de millones de estudiantes.
Por ahora, todo queda en suspenso. Pero el desenlace marcará un precedente: ¿hasta dónde puede llegar un presidente en su intento de reconfigurar el sistema educativo del país?
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