En medio del cierre parcial del gobierno federal, un juez federal de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump garantizar la continuidad del programa de asistencia alimentaria para millones de familias.
De acuerdo con la resolución judicial, el Departamento de Agricultura (USDA) deberá utilizar 5 mil millones de dólares en fondos de contingencia para mantener los pagos del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del cual dependen 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos.
Un fallo que pone límites al poder presidencial
El juez argumentó que la suspensión de la ayuda alimentaria “representaría un daño irreparable” para millones de personas vulnerables, especialmente en comunidades rurales y urbanas afectadas por la inflación y el alza de precios.
La decisión subraya que el cierre del gobierno —que ya supera las cuatro semanas— no exime a la administración Trump de su deber constitucional de proteger el bienestar básico de la población.
El USDA deberá actuar de inmediato
La orden judicial instruye al USDA a liberar recursos de emergencia para garantizar que los beneficiarios reciban sus pagos completos, incluso mientras continúe el cierre.
Los fondos provendrán de una reserva especial creada para crisis federales, lo que permitirá evitar la interrupción del programa SNAP y mantener el flujo de alimentos a millones de hogares.
Un alivio temporal para millones de familias
El fallo representa un respiro para millones de familias que dependen de la asistencia federal para alimentarse.
En los últimos días, organizaciones civiles y líderes comunitarios habían advertido que la falta de fondos podría provocar una crisis humanitaria, afectando especialmente a madres solteras, adultos mayores y menores de edad.
“Esta decisión judicial devuelve esperanza a quienes más lo necesitan”, expresó Laura Mitchell, directora de la organización Feeding America, tras conocerse el dictamen.
Tensión política y repercusiones nacionales
El cierre del gobierno se originó por el estancamiento en el Congreso, donde republicanos y demócratas no logran acuerdos sobre la aprobación del presupuesto.
Mientras Trump defiende su postura de “priorizar la seguridad nacional sobre el gasto federal”, la oposición lo acusa de anteponer intereses políticos a las necesidades sociales.
El caso marca un nuevo precedente en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo, al recordar que la ayuda social no puede ser usada como herramienta política durante un cierre gubernamental.
Impacto económico y social
Más allá de la asistencia directa, el programa SNAP mueve miles de millones de dólares en la economía local, beneficiando a pequeños comercios, productores agrícolas y transportistas.
Su continuidad, gracias al fallo judicial, evita un golpe severo al consumo interno en estados como Texas, Florida, California y Nueva York.
La orden judicial contra la administración Trump no solo representa una victoria para las familias beneficiarias del programa alimentario, sino también una advertencia política sobre los límites del poder presidencial.
En un momento de incertidumbre económica y tensión partidista, la justicia estadounidense reafirma que la seguridad alimentaria es un derecho que debe preservarse incluso en tiempos de crisis gubernamental.
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