El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado de Minnesota, sus ciudades más grandes —Minneapolis y St. Paul— y el condado de Hennepin por aplicar políticas santuario, que según el gobierno federal, interfieren con la autoridad de EE. UU. para hacer cumplir las leyes migratorias.
La demanda sostiene que dichas políticas resultan en la liberación de criminales peligrosos que de otra manera serían sujetos a deportación, solicitando al tribunal federal que invalide las leyes y políticas estatales y locales implicadas.
Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., declaró:
«Los funcionarios de Minnesota están poniendo en peligro la seguridad de sus propios ciudadanos al permitir que los extranjeros ilegales eludan el proceso legal.»
Respuesta de autoridades locales
El secretario de Justicia de Minnesota, Keith Ellison, señaló que el estado no impide la colaboración con autoridades federales para procesar a individuos peligrosos:
«Esta demanda infundada es solo más represalia política contra Minnesota y responderemos en los tribunales.»
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, defendió la política local:
«Nuestra ciudad acoge con orgullo a inmigrantes, refugiados y familias que buscan oportunidades. Trump ha arrastrado a nuestra ciudad a los tribunales por miedo y política.»
Contexto histórico y alcance nacional
Minnesota es el último estado en enfrentar acciones legales de la administración Trump. Anteriormente, Colorado, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y varias ciudades importantes también fueron demandadas por implementar políticas santuario.
Estas demandas reflejan un conflicto persistente entre los derechos de los inmigrantes y las prioridades de seguridad nacional del gobierno federal. La opinión consultiva de febrero, citada en la demanda, indica que ni la ley estatal ni la federal obligan a retener a individuos por órdenes de migración si no están bajo custodia.
El DOJ argumenta que varios condados utilizan esta opinión como justificación para no entregar personas que podrían ser deportadas, y señala que Minnesota también restringe el uso de datos de licencias de conducir para fines migratorios.
Implicaciones legales y sociales
Este caso puede marcar un precedente importante sobre:
- La autoridad federal vs. leyes estatales y locales sobre migración.
- La protección de los derechos civiles de inmigrantes.
- La influencia de las políticas santuario en la seguridad pública.
Expertos legales consideran que el resultado de la demanda podría afectar a otros estados y ciudades que implementan políticas similares, aumentando la tensión política y social en torno a la inmigración en Estados Unidos.
TE PODRÍA INTERESAR