La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para lanzar nuevas reglas y regulaciones dirigidas a los trabajadores agrícolas migrantes, en un intento por resolver la creciente tensión entre su promesa de deportar inmigrantes indocumentados y la realidad de un país que depende de ellos para mantener su seguridad alimentaria.
En entrevista con CNBC, Trump admitió una contradicción que su gobierno no puede eludir por más tiempo: “No podemos dejar que nuestros agricultores se queden sin nadie”. A diferencia de otros sectores, el trabajo en el campo no atrae a la población local. Lo han intentado —dice— y han fracasado. La producción de alimentos de Estados Unidos depende en gran medida de trabajadores extranjeros que, en muchos casos, llevan décadas viviendo sin papeles pero cumplen con impuestos y obligaciones.
¿En qué consisten las nuevas reglas migratorias para el campo?
Aunque los lineamientos aún no han sido publicados, Trump adelantó ciertas claves:
- No se otorgará amnistía a inmigrantes indocumentados
- Se estudia un programa de retorno temporal, donde los trabajadores saldrían del país y luego reingresarían legalmente bajo una visa agrícola
- Se priorizará la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales
- Se buscará proteger la mano de obra agrícola estacional para evitar desabasto de alimentos
El reto político reside en equilibrar estos cambios sin provocar acusaciones de trato preferencial hacia la industria agrícola ni encolerizar a defensores del endurecimiento migratorio.
La paradoja de quienes siembran el futuro de Estados Unidos
José lleva 25 años cosechando fresas en California. No tiene papeles, pero tiene una hipoteca que paga impuestos desde hace una década y tres hijos ciudadanos estadounidenses. Cada amanecer, antes del sol, conduce al campo con la preocupación de que un retén migratorio lo deporte. Sin embargo, su patrón le dice que sin él y decenas como él, el negocio quebraría. Esa contradicción —trabajadores indispensables pero invisibles para la ley— es la que Trump ahora intenta “regular” sin renunciar al discurso de mano dura.
¿Por qué Estados Unidos no puede reemplazar al trabajador agrícola migrante?
Expertos del sector señalan que existen tres razones principales:
- Falta de interés local: los ciudadanos estadounidenses no están dispuestos a aceptar empleos con condiciones extremas y salarios propios del campo.
- Escasez crónica de mano de obra: la automatización avanza, pero aún no sustituye labores estacionales como cosecha manual.
- Dependencia estructural: frutas, verduras y productos clave como el tomate, el aguacate o las carnes dependen del trabajo migrante para mantenerse accesibles al consumidor promedio.
Deportar… ¿y luego qué? El dilema económico del discurso antiinmigración
Trump afirmó que seguirá deportando a “delincuentes”, pero dejó una línea abierta para trabajadores que “llevan décadas aquí trabajando”. El mensaje: quien resulte imprescindible para mantener la economía agrícola será reincorporado, pero con papeles temporales y tras salir del país. Una solución que defensores civiles califican como “pendiente resbaladiza” hacia nuevas formas de precarización.
Así operaría el “retorno temporal legal” que impulsa la Casa Blanca
- El trabajador indocumentado sale voluntariamente del país
- Solicita visa de trabajo agrícola temporal (tipo H-2A)
- Reingresa al país de forma “legal” por ciclos productivos
- Pierde la residencia continua y derechos laborales permanentes
Los agricultores estadounidenses han presionado abiertamente al gobierno para habilitar esta vía, argumentando que sin trabajadores migrantes perderían cosechas enteras y darían ventaja a importaciones extranjeras.
La agricultura como talón de Aquiles de la política migratoria de Trump
Lo que empezó como un discurso de mano dura migratoria enfrenta su muro más complejo en los propios cultivos estadounidenses. Si la Casa Blanca logra presentar una reforma que mantenga el sustento agrícola sin perder apoyo político conservador, Trump podría consolidar una inédita combinación de proteccionismo laboral, deportaciones selectivas y permisos temporales diseñados a la medida del campo. Pero si el programa se percibe como una “amnistía disfrazada”, podría desatar una tormenta política en pleno año electoral.
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