La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de permitir a la administración Donald Trump terminar el programa de parole humanitario CHNV, ha enviado ondas de choque a través de las comunidades de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en el sur de Florida, donde residen muchos de los más de 500,000 afectados.
Una ola de incertidumbre y temor recorre las comunidades inmigrantes del sur de Florida tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos este viernes, que da luz verde a la administración Trump para desmantelar el programa de parole humanitario conocido como CHNV. Esta medida afecta directamente a cientos de miles de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, muchos de los cuales han encontrado refugio y construido vidas en Miami y sus alrededores.
El fallo y sus consecuencias inmediatas para la Florida
La decisión del máximo tribunal, emitida el 31 de mayo de 2025, anula una orden judicial de un tribunal inferior que había frenado temporalmente la terminación del programa CHNV. Este programa, instaurado bajo la administración Biden, otorgaba una protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo a más de 530,000 personas a nivel nacional. Una porción significativa de estos beneficiarios reside en Florida, un estado con profundos lazos históricos y culturales con los países CHNV.
La consecuencia más directa es que estos individuos pierden su amparo legal y se enfrentan a la posibilidad real de ser deportados a sus países de origen, a menudo marcados por la inestabilidad política, la violencia o la crisis económica. Esta situación se agrava por una decisión similar de la Corte Suprema el pasado 19 de mayo, que permitió la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos, muchos también en Florida.
Voces de angustia y preocupación en el sur de Florida
La noticia ha sido recibida con consternación por líderes comunitarios, activistas, abogados y, sobre todo, por las familias afectadas en el sur de Florida.
«Es una sentencia de muerte para muchos», han advertido activistas y abogados locales, refiriéndose a las peligrosas condiciones que enfrentarían los deportados en sus países de origen. Kenny Francois, director ejecutivo de LETS Community Center en Miami Gardens, un centro que sirve a la comunidad haitiana, expresó su profundo shock y preocupación, especialmente por aquellos que huyeron de la rampante violencia de pandillas en Haití.
Maureen Porras, abogada de inmigración y vicealcaldesa de Doral, ciudad con una numerosa comunidad venezolana, calificó la decisión de «devastadora y sin precedentes», anticipando un «efecto escalofriante» que se extenderá por todas las comunidades inmigrantes.
Políticos de la región también han alzado la voz. La congresista Frederica Wilson (D-FL) describió el fallo como «cruel e inhumano», subrayando que los migrantes afectados llegaron legalmente, han pasado verificaciones de antecedentes y contribuyen activamente a las comunidades del sur de Florida. «Deportarlos es una sentencia de muerte», reiteró. Su colega, la congresista Debbie Wasserman Schultz (D-FL), se hizo eco de estas críticas, calificando la medida de «enfermiza y depravada» y enfatizando que los afectados «no son criminales ni indocumentados. Vinieron aquí legalmente».
Incluso desde el lado republicano, la congresista María Elvira Salazar, si bien crítica con la creación del programa por la administración Biden, instó a la administración Trump a utilizar su autoridad ejecutiva para otorgar una Salida Obligatoria Diferida (DED) a los afectados, para «evitar que sean enviados de regreso a la violencia y la represión».
«El sueño se ha estrellado y la realidad está golpeando», compartió un migrante afectado en Miami, reflejando el sentir de muchos. «No estoy de acuerdo con la decisión y ahora tenemos que averiguar qué sigue, porque mucha gente está en el limbo».
Impacto socioeconómico en la región
La terminación del programa CHNV no solo tiene un costo humano, sino también un impacto tangible en la economía y el tejido social de Florida. Miles de beneficiarios del parole se han integrado en la fuerza laboral del estado, y la pérdida de sus permisos de trabajo afectará tanto a empleadores como a las finanzas de sus propias familias.
Se reporta que algunas empresas que colaboran en la reubicación de refugiados ya están mostrando reticencia a contratar migrantes cuyos permisos de trabajo expiran en menos de seis meses, incluso si aún les queda tiempo válido en dichos permisos. Esta situación añade una capa más de dificultad para aquellos que buscan estabilidad.
El mercado inmobiliario de Miami, que ha sido un destino atractivo para la inversión de latinoamericanos de alto poder adquisitivo en busca de seguridad para su patrimonio , también podría experimentar cambios. Una percepción de mayor inestabilidad en las políticas migratorias podría influir en la confianza de los inversores y en la dinámica del mercado.
Contexto político y movilizaciones
Políticamente, la decisión resuena con fuerza en Florida. La comunidad cubana ha sido históricamente un actor influyente en la política estatal y nacional, mientras que las comunidades venezolana y haitiana son cada vez más cortejadas por ambos partidos políticos. El fallo se alinea con la postura general de la administración Trump de endurecer las políticas de inmigración y aumentar las deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha justificado la terminación del programa CHNV como un «retorno necesario a políticas de sentido común» y un reflejo de la filosofía «America First».
En respuesta a estas políticas, se han observado movilizaciones. El pasado 24 de mayo se realizó una vigilia frente al Centro de Detención de Krome en Miami, en solidaridad con los afectados por las deportaciones masivas. Más recientemente, el 30 de mayo, una congresista realizó una visita no anunciada a Krome, tras la cual expresó su preocupación por las condiciones y el trato a los detenidos.
El futuro incierto
Aunque la Corte Suprema ha permitido que la administración proceda con la terminación del programa CHNV mientras el litigio principal continúa, la legalidad de la orden original del DHS (de marzo de 2025, que buscaba finalizar el programa en abril) todavía está siendo debatida en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston.
Mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos de los inmigrantes en el sur de Florida y a nivel nacional están explorando todas las opciones legales y humanitarias disponibles para los afectados, incluyendo la presentación masiva de solicitudes de asilo. Para miles de familias en Miami, el futuro pende de un hilo, marcado por la angustia y la esperanza de encontrar una solución duradera.
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