Datos oficiales de EE.UU. revelan una verdad incómoda: la gran mayoría de los migrantes detenidos en las masivas redadas no tienen antecedentes penales. Descubre la realidad detrás del discurso que criminaliza la migración.
En medio de un discurso político que los tacha de criminales, datos del propio gobierno de Estados Unidos muestran que más del 75% de los migrantes detenidos en las recientes redadas masivas no tienen antecedentes penales graves. Esta revelación expone la compleja y a menudo contradictoria política migratoria que afecta a miles de mexicanos.
Mientras la retórica política en Estados Unidos intensifica la narrativa de una «invasión» de migrantes criminales, las cifras oficiales pintan un cuadro muy diferente. Un análisis de los registros de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. para el año fiscal 2025 revela que más del 75% de las personas detenidas no tenían ninguna condena penal, más allá de una infracción de tráfico o de inmigración. Menos del 10% habían sido condenados por delitos graves como asesinato o agresión.
Este dato es corroborado por un informe que muestra un aumento del 807% en los arrestos de migrantes sin antecedentes penales entre enero y junio, lo que sugiere un cambio de enfoque en las políticas de detención, priorizando la cantidad sobre el perfil de peligrosidad de los detenidos.
La Doble Cara de la Política Mexicana
Esta situación coloca al gobierno de México en una posición geopolítica compleja y contradictoria. Por un lado, presionado por Washington, despliega a la Guardia Nacional en su frontera sur para contener los flujos migratorios, una acción que ha generado enfrentamientos y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, cuando sus propios ciudadanos enfrentan políticas de detención masiva en Estados Unidos, el gobierno mexicano asume un rol de defensor. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha condenado enérgicamente las redadas y ha activado su red consular para ofrecer protección y asistencia legal a los connacionales detenidos.
«El gobierno de México reitera su rechazo a las medidas de criminalización de la migración. […] México está dispuesto a colaborar con el Gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que prioricen el respeto a los derechos humanos.» – Comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Gobiernos estatales como los de Zacatecas, Jalisco, Oaxaca y Yucatán también han reforzado sus programas de apoyo a migrantes, estableciendo ventanillas de atención y líneas de ayuda en Estados Unidos.
El Costo Humano y Económico
La política de detención masiva en EE.UU. tiene un alto costo. Humanamente, los migrantes relatan viajes peligrosos donde son víctimas de robos y discriminación, solo para terminar en centros de detención superpoblados, a menudo por periodos que exceden el límite legal de 72 horas.
Económicamente, la estrategia está generando alarmas en sectores clave de la economía estadounidense, como la agricultura y la hostelería, que dependen de la mano de obra inmigrante y ahora enfrentan una grave escasez de trabajadores.
La realidad que emerge de los datos es la de una crisis humanitaria impulsada por una política que, en la práctica, se enfoca en la detención de personas sin antecedentes criminales. Para México, esto se traduce en un complejo acto de equilibrio: actuar como un agente de contención migratoria para satisfacer a su vecino del norte, mientras intenta proteger a sus propios ciudadanos de las consecuencias de esas mismas políticas.
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