La tensión internacional volvió a encenderse. Desde Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó una advertencia directa a Estados Unidos: las operaciones militares contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, un término que en derecho internacional implica graves violaciones a los derechos humanos.
En las últimas semanas, el Pentágono ha reportado varios ataques que dejaron al menos 76 personas muertas. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, los operativos formaban parte de una ofensiva para frenar el tráfico de drogas marítimo. Sin embargo, la ONU cuestiona la legitimidad de usar fuerza letal en escenarios que no califican como conflictos armados.
¿Guerra o abuso de poder?
En una entrevista con AFP, Türk fue contundente: “Estos casos violan el derecho internacional en materia de derechos humanos”. Para él, EE.UU. intenta justificar acciones bélicas bajo el paraguas de la lucha antidrogas, diluyendo la línea que separa la seguridad nacional de las prácticas extrajudiciales.
El funcionario recordó que las operaciones contra el narcotráfico deben considerarse como tareas de aplicación de la ley, no como parte de una guerra. Esto significa que la fuerza letal solo puede usarse como último recurso ante una amenaza inminente, algo que, según el comisionado, no se está cumpliendo.
Trump y la narrativa del “conflicto armado”
El debate se intensificó cuando el expresidente Donald Trump, en una carta al Congreso, afirmó que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” contra los cárteles latinoamericanos. Esta declaración busca justificar la ofensiva marítima, pero también podría abrir la puerta a violaciones del derecho humanitario internacional.
Analistas advierten que presentar los ataques como una “guerra” permite al país evadir responsabilidades civiles, aunque las víctimas sean consideradas objetivos no combatientes.
Un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas
Türk pidió formalmente a Washington investigar los ataques y esclarecer si se trató de ejecuciones extrajudiciales. “Hay fuertes indicios de que lo son”, afirmó. La ONU insta a que cualquier operación de seguridad cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, pilares del derecho internacional.
Organizaciones de derechos humanos coinciden en que, sin una revisión independiente, estos ataques podrían sentar un precedente peligroso para otras potencias que operan fuera de sus fronteras con el argumento del combate al narcotráfico.
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