La Legislatura de Minnesota aprobó un acuerdo presupuestal que elimina la cobertura médica del programa MinnesotaCare para adultos inmigrantes indocumentados. La medida, impulsada por republicanos, generó un emotivo y divisivo debate.
En una decisión que ha generado una profunda controversia y un intenso debate, la Legislatura de Minnesota aprobó esta semana un acuerdo presupuestario que excluye a los adultos que residen en Estados Unidos sin estatus legal del programa de atención médica estatal MinnesotaCare. Esta medida revierte una ley de 2023 que había ampliado la elegibilidad a esta población para dicho programa, destinado a personas trabajadoras de bajos ingresos.
La aprobación se dio en una sesión especial el lunes (contextualmente cercano al 12 de junio), tras una votación ajustada en la Cámara de Representantes (68-65) y en el Senado (37-30), donde líderes demócratas clave votaron a favor con gran pesar, como parte del acuerdo global para aprobar el presupuesto estatal de $66 mil millones para los próximos dos años. El gobernador demócrata Tim Walz ha indicado que firmará la legislación, aunque insistió en mantener la elegibilidad para los niños en la misma situación. Se espera que el cambio afecte a aproximadamente 17,000 residentes adultos y la cobertura finalizará después de 2025.
Este recorte ilustra cómo las poblaciones vulnerables pueden convertirse en moneda de cambio en negociaciones presupuestarias ajustadas dentro de un gobierno políticamente dividido, donde los argumentos fiscales pueden prevalecer sobre las preocupaciones humanitarias o los análisis de costos sociales a largo plazo.
Argumentos Fiscales vs. Impacto Humano
Los republicanos, para quienes esta derogación era una prioridad en un contexto de gobierno dividido (Cámara empatada, Senado con mayoría demócrata de un escaño), argumentaron la necesidad de responsabilidad fiscal. Señalaron que los contribuyentes no deberían subsidiar la atención médica de personas sin estatus legal y que la inscripción y los costos del programa habían superado con creces las proyecciones iniciales: de un costo estimado de $196 millones en cuatro años a una proyección actual de entre $550 y más de $600 millones, con 17,396 inscritos frente a los 7,700 previstos. También mencionaron que otros estados gobernados por demócratas, como California e Illinois, estaban proponiendo recortes similares.
Por otro lado, los demócratas y diversos grupos opositores calificaron la medida de «cruel, odiosa y racista», y como parte de una «campaña del Partido Republicano contra los inmigrantes». La líder de la mayoría demócrata en el Senado, Erin Murphy, describió el proyecto de ley como «una herida en el alma de Minnesota», aunque cumplió su promesa de votarlo como parte del acuerdo. Argumentaron que el recorte no ahorrará dinero a largo plazo, ya que las personas afectadas probablemente renunciarán a la atención preventiva y terminarán recurriendo a servicios de emergencia mucho más costosos cuando sus condiciones se agraven, lo que aumentará los costos generales de atención médica para todos. Se advirtió que esta decisión «costará vidas humanas» y perjudicará al sistema de salud.
La Conferencia Católica de Minnesota, oponiéndose a los recortes, especialmente para los niños (quienes finalmente mantuvieron la cobertura), había argumentado que el acceso a la atención médica es un componente importante de la dignidad humana y que los inmigrantes indocumentados, que pagan más de $200 millones en impuestos en el estado, deberían tener acceso a seguros de salud.
El Debate de Fondo: Ahorro a Corto Plazo vs. Salud Pública a Largo Plazo
La decisión en Minnesota pone de relieve un conflicto fundamental en la política sanitaria: la priorización del ahorro presupuestario inmediato mediante la restricción del acceso a la atención para ciertos grupos, frente a la inversión en un acceso más amplio con el entendimiento de que la atención preventiva puede reducir intervenciones de emergencia más costosas y mejorar la salud pública general a futuro.
Además, las acusaciones de «demonizar y convertir en otros» a los inmigrantes indocumentados sugieren que la decisión política no es puramente fiscal, sino que está entrelazada con actitudes
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