El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos ha alcanzado un nuevo punto crítico. La Casa Blanca anunció su intención de despedir a más de 10 mil empleados federales, en una maniobra que busca intensificar la presión sobre los demócratas para alcanzar un acuerdo presupuestal. Sin embargo, una jueza federal en California ha intervenido para detener temporalmente los recortes, calificando las medidas como “ilegales” y “motivadas políticamente”.

Un cierre gubernamental en su tercera semana

El conflicto político entre la administración del presidente Donald Trump y el Congreso ha mantenido paralizadas diversas agencias federales durante tres semanas. La falta de consenso sobre la prórroga presupuestal llevó a la suspensión de miles de empleados públicos, dejando en incertidumbre a trabajadores y programas esenciales.

A pesar de la tensión, la Casa Blanca anunció su intención de avanzar con una reducción masiva del personal en distintas dependencias. Russ Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), confirmó en una entrevista que la cifra podría superar los 10 mil despidos, bajo el argumento de “reducir la burocracia y optimizar el gasto público”.

“Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia”, declaró Vought.

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia, más de 4 mil empleados ya habían recibido avisos de despido el pasado viernes, afectando principalmente a los Departamentos del Tesoro, Salud, Educación y Vivienda.

La jueza Illston frena los despidos por “motivos políticos”

La jueza Susan Illston, del Tribunal Federal de San Francisco, emitió una orden de restricción temporal que prohíbe al gobierno continuar con los despidos mientras se revisa la legalidad de las medidas.

Durante la audiencia, Illston cuestionó duramente a los representantes del gobierno, señalando la falta de justificación legal y la aparente motivación política detrás de las acciones de la Casa Blanca.

“Prácticamente se trata de disparar contra la mayoría de estos programas, y esto tiene un costo humano que no se puede tolerar”, advirtió la magistrada.

La jueza sostuvo que el despido masivo de empleados durante un cierre presupuestal contradice los principios administrativos básicos, ya que las agencias carecen de personal operativo y los empleados no tienen acceso ni siquiera a sus correos institucionales o asesoría de recursos humanos.

Illston subrayó que la evidencia presentada sugiere que los recortes violan la autorización presupuestal del Congreso, y que podrían constituir un exceso de autoridad ejecutiva.

Un conflicto político y judicial en ascenso

La decisión judicial llega en un momento en que el cierre de gobierno ha paralizado funciones clave y afectado a millones de ciudadanos. Trump ha culpado a los demócratas por bloquear la aprobación de una resolución que extendiera el presupuesto hasta noviembre, mientras la oposición acusa al mandatario de utilizar el cierre como una herramienta de presión política.

El gobierno presentó una moción ante la Corte Suprema para revocar la orden de la jueza Illston, argumentando que la medida obstaculiza su capacidad de “gestionar el aparato federal durante una emergencia presupuestal”.

En una resolución previa, la magistrada ya había prohibido al Ejecutivo ejecutar gran parte de su plan de reducción de la fuerza laboral, pero el máximo tribunal permitió que algunos despidos continuaran mientras se resolvía la demanda.

Los sindicatos de trabajadores federales también interpusieron recursos legales, señalando que los avisos de despido son un intento de “represalia política” y una violación a los derechos laborales de los empleados públicos.

“El gobierno no puede usar la falta temporal de fondos como pretexto para desmantelar programas y despedir trabajadores”, afirmó un portavoz de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE).

Departamentos afectados y nuevas medidas ejecutivas

Según los reportes judiciales, las agencias más afectadas por los recortes iniciales fueron Tesoro, Salud, Educación y Vivienda, todas consideradas esenciales para la administración de programas sociales y económicos.

Paralelamente, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que prorroga la prohibición de contratar nuevo personal federal hasta el 15 de octubre, salvo algunas excepciones. Además, Trump y Vought adelantaron planes para cerrar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en los próximos meses, medida que ha sido duramente criticada por legisladores demócratas y organizaciones de defensa del consumidor.

Repercusiones económicas y sociales

El cierre del gobierno estadounidense no solo afecta a los empleados públicos, sino también a millones de ciudadanos que dependen de los servicios federales. Programas de vivienda, asistencia alimentaria y educación han reducido sus operaciones, mientras la incertidumbre laboral crece entre los funcionarios suspendidos.

Economistas advierten que un cierre prolongado podría generar un impacto negativo en el crecimiento del PIB y en la confianza de los mercados, además de agravar la polarización política en Washington.

Un pulso entre el poder político y el judicial

La crisis en Washington se ha transformado en un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con miles de empleos federales en juego. Mientras Trump mantiene su postura de endurecer las medidas para reducir el tamaño del gobierno, la justicia federal ha trazado un límite a lo que considera un abuso de poder político.

El futuro de los despidos y del propio cierre gubernamental dependerá ahora de las decisiones que adopte la Corte Suprema en los próximos días. Por lo pronto, la jueza Illston ha recordado que “la ley no es una herramienta de presión política, sino un instrumento para proteger derechos y vidas”.