El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) demandó hoy a Nueva York por su ley «Protege Nuestras Cortes», que limita arrestos de ICE cerca de tribunales. El DOJ alega que la norma obstruye la ley federal, intensificando la pugna con jurisdicciones santuario.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda contra el Estado de Nueva York, impugnando su ley conocida como «Protect Our Courts Act» (Ley Protege Nuestras Cortes). La administración federal argumenta que esta legislación obstruye de manera inconstitucional la aplicación de las leyes federales de inmigración al prohibir o restringir los arrestos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en o cerca de los juzgados estatales.
Esta acción legal representa una escalada significativa en el conflicto entre el gobierno federal y las llamadas «ciudades santuario» o jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. La demanda se centra menos en los detalles específicos de los arrestos en tribunales y más en una afirmación más amplia de la autoridad federal sobre los estados y localidades que adoptan políticas de no cooperación.
La postura del departamento de justicia
El argumento central del DOJ es que la ley neoyorquina viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU., que establece que las leyes federales prevalecen sobre las leyes estatales en conflicto. Según el DOJ, la «Protect Our Courts Act» «protege deliberadamente a extranjeros peligrosos» de ser detenidos legalmente y «facilita la evasión de la ley federal por parte de criminales peligrosos».
La Fiscal General Pamela Bondi calificó estas políticas de «ilegales» y como la «causa raíz de la violencia», trazando un paralelismo entre la ley de Nueva York y los problemas observados en California. El DOJ sostiene que realizar arrestos en o cerca de los tribunales a menudo reduce el riesgo de fuga y aumenta la seguridad tanto para el público como para los agentes, debido a los controles de seguridad ya existentes en estas instalaciones. Eliminar esta opción, según el gobierno federal, «va en contra del sentido común y pone en peligro a las comunidades».
Esta demanda se produce en el contexto de la Orden Ejecutiva 10866, que declaró una Emergencia Nacional en la Frontera Sur y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitir directrices para la aplicación de las leyes de inmigración, específicamente en o cerca de los tribunales. Además, el DOJ ha indicado que se asegurará de que las jurisdicciones santuario no reciban fondos federales del departamento y que los futuros subsidios se diseñarán para promover un sistema de inmigración legal. El gobierno federal cita la ley 8 U.S.C. § 1373(a), que prohíbe a las jurisdicciones locales impedir el intercambio de información sobre el estatus migratorio con agentes federales.
La defensa de Nueva York y el debate de fondo
Aunque la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, no ha emitido una declaración específica sobre esta demanda del 12 de junio hasta el momento de esta publicación, un portavoz de su oficina indicó que el estado defenderá la ley, argumentando que «asegura que cada neoyorquino pueda acceder a nuestros tribunales y buscar justicia sin temor». Previamente, en respuesta a un anuncio de demanda del DOJ en febrero de 2025 sobre otra ley estatal (Green Light Law), la Fiscal James afirmó: «Nuestras leyes estatales… protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras a nuestras comunidades. Estoy preparada para defender nuestras leyes», un sentimiento que probablemente se extienda a este nuevo desafío.
La Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York (NYC Bar Association) también ha expresado su apoyo a las políticas de santuario, afirmando que son esenciales para la salud socioeconómica de la ciudad y permiten a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, acceder a servicios esenciales y al sistema de justicia sin temor a la deportación.
Este enfrentamiento legal pone de manifiesto un desacuerdo fundamental sobre qué constituye una aplicación de la ley efectiva y justa. Mientras el gobierno federal prioriza la eficiencia en la aplicación de las leyes de inmigración y la seguridad de sus agentes, Nueva York y los defensores de las políticas de santuario argumentan que permitir arrestos de ICE en los tribunales disuade a los inmigrantes de participar en el sistema de justicia –ya sea como víctimas, testigos o acusados– lo que en última instancia perjudica la seguridad pública y el debido proceso.
La Cláusula de Supremacía es una herramienta legal clave en estas disputas, y el resultado de este tipo de casos puede tener implicaciones significativas para la división de poderes en materia de inmigración, un área de jurisdicción primordialmente federal pero con profundas repercusiones a nivel estatal y local.
TE PODRÍA INTERESAR