El 27 de julio marcará un antes y un después en la relación entre Iglesia y Estado en Estados Unidos. En el estado de Washington, una nueva ley exigirá a los sacerdotes denunciar cualquier abuso sexual infantil del que tengan conocimiento, incluso si este ha sido confesado durante el sacramento de la reconciliación.
Para muchos fieles, esta medida representa un acto de justicia hacia las víctimas. Pero para la Iglesia Católica, es un ataque directo al corazón de su doctrina. Desde Roma hasta Seattle, los líderes religiosos han cerrado filas para advertir: si un sacerdote rompe el secreto de confesión, será excomulgado automáticamente.
Una historia que se repite… con nuevos actores
El padre Miguel*, un sacerdote con más de 20 años de servicio en la Arquidiócesis de Seattle, recuerda la primera vez que escuchó una confesión difícil. “No se trata de encubrir, se trata de dar esperanza y guiar a la conversión. El perdón de Dios es sagrado, y lo que sucede en el confesionario no nos pertenece”, comenta con la voz entrecortada.
Ahora, con la nueva ley estatal, teme no solo por su ministerio, sino también por los límites que podrían trazar otros gobiernos entre fe y ley. “Si rompo el sigilo, soy excomulgado. Si no lo hago, soy criminal. ¿Dónde queda la libertad de conciencia?”
El núcleo del conflicto: el sello de la confesión
El Derecho Canónico es tajante: el secreto de confesión es inviolable. Cualquier sacerdote que lo rompa incurre en excomunión automática, una sanción que solo el Papa puede levantar. Esta norma no es solo una regla, es una creencia profunda sobre el vínculo entre el alma y Dios.
La ley SB 5375 de Washington no contempla excepciones religiosas. Para los legisladores, proteger a los niños debe estar por encima de todo, incluso de la fe. Pero esto ha provocado una ola de reacciones, desde demandas legales hasta llamados a la desobediencia civil por parte de obispos.
Un debate nacional encendido
Con Washington sumándose a un puñado de estados que han aprobado leyes similares, se espera que la confrontación escale a nivel federal. El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación para determinar si esta medida vulnera la Primera Enmienda, que garantiza la libertad religiosa.
La profesora Michele Dillon, experta en sociología religiosa, advierte que este tipo de medidas pueden tener efectos colaterales. “Se puede crear la falsa idea de que la Iglesia protege a abusadores, cuando en realidad el debate es sobre cómo proteger a las víctimas sin destruir los cimientos de una fe milenaria.”
Lo que está en juego
En el fondo, el dilema no es solo legal o teológico. Es humano. ¿Puede la ley obligar a una persona a traicionar su conciencia religiosa? ¿Puede una confesión servir como base de una denuncia sin destruir la confianza que ese acto implica?
Si la ley entra en vigor como está planeado, podríamos ver el primer caso en la historia moderna donde un sacerdote estadounidense es encarcelado o excomulgado por seguir su conciencia.
Lo que está en juego no es solo una norma estatal. Es el equilibrio entre justicia, fe y libertad.
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