El caso de abuso sexual contra el sacerdote José Miguel Flores Martínez, perteneciente a la orden de los Escolapios, vuelve a evidenciar la crisis de impunidad en la Iglesia católica. La denuncia fue interpuesta por Javier Fernando Alcántara Cruz, quien asegura haber sufrido violaciones desde que era monaguillo, mientras su agresor era protegido por autoridades eclesiásticas y religiosas de alto nivel.
Según el testimonio de la víctima, el sacerdote le decía: “Esto te va a servir para cuando tengas novia”, mientras lo agredía sexualmente. Pese a haber reportado los hechos en distintas instancias, asegura que la Arquidiócesis de México, el Vaticano, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la propia orden religiosa encubrieron al sacerdote.
Una denuncia que busca justicia después de años de silencio
En mayo de 2025, Javier Fernando interpuso formalmente la denuncia CI-FIDCANNA/59/UI-3/C/D/02184/05-2025 por violación agravada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, su peregrinaje por distintas fiscalías ha estado marcado por la revictimización y la indiferencia institucional.
El sacerdote acusado, quien habría abusado también de otros menores, supuestamente murió hace tres años, aunque no existe certeza. Según la víctima, en el video del funeral nunca se abrió el féretro, lo que mantiene dudas sobre si realmente está muerto.
Encubrimiento y complicidad eclesiástica
El denunciante señala que no solo sufrió los abusos, sino también el encubrimiento institucional. Por ello, ha presentado una demanda civil contra el obispo español Pedro Aguado Cuesta, superior general de los Escolapios y consultor del Vaticano; el padre provincial de México, Fernando Hernández Avilés; y el ecónomo José Luis Sánchez, además de la Arquidiócesis de México.
Javier Fernando asegura que el sistema eclesiástico actúa como un “cártel criminal que protege a sacerdotes pederastas”, ya que en su búsqueda de justicia fue canalizado a distintas figuras de la Iglesia, sin recibir apoyo real. Entre ellos menciona a Joseph Spiteri, nuncio apostólico, y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, instancias que nunca dieron respuesta concreta.
El inicio de los abusos
La historia de violencia comenzó cuando Javier tenía entre nueve y diez años. Su familia, católica y practicante, acudía cada domingo a la iglesia de los Escolapios del Sagrado Corazón de Jesús, donde conoció al sacerdote. Primero lo invitó a ser monaguillo y luego lo convirtió en su coordinador de monaguillos.
El sacerdote ganó la confianza de la familia, al grado de ofrecerse para “cuidar” al menor tras el divorcio de sus padres. Esa cercanía fue el pretexto para aislarlo, manipularlo emocionalmente y comenzar los abusos que, según el relato, se extendieron durante varios años.
Los primeros ataques comenzaron con tocamientos, viajes a Tlaxcala y encuentros privados en la iglesia. Posteriormente, la violencia escaló a violaciones sexuales cuando la víctima tenía apenas 11 y 12 años.
Manipulación emocional y control espiritual
El sacerdote utilizó la religión como herramienta de manipulación, citando pasajes bíblicos y haciéndose pasar por figura paterna. Según Javier Fernando, lo convencía de que los abusos eran “por su bien” y que lo ayudarían en su vida futura.
Los ataques se repetían en viajes, en la casa del sacerdote en Tlaxcala y en hoteles. La víctima relata que cada agresión lo dejaba con una profunda confusión, al estar sometido a la autoridad espiritual de quien consideraba su guía y confesor.
Ruptura, adicciones y búsqueda de justicia
Con el paso del tiempo, la víctima comenzó a distanciarse al iniciar relaciones con mujeres y darse cuenta del control ejercido por su agresor. Tras el traslado del sacerdote a España y luego a Ecuador, la relación se rompió definitivamente, pero las secuelas psicológicas quedaron marcadas.
Durante su adolescencia, Javier cayó en adicciones al alcohol y drogas, e incluso estuvo internado en un centro de rehabilitación, donde confesó por primera vez lo sucedido. Posteriormente, compartió su historia con su madre, quien lo motivó a denunciar para evitar que otros niños fueran víctimas.
El caso de José Miguel Flores Martínez refleja cómo el abuso sexual en la Iglesia católica continúa marcado por la impunidad y el encubrimiento. Pese a la política de “cero tolerancia” anunciada por el Vaticano, los testimonios de víctimas como Javier Fernando confirman que las estructuras religiosas han protegido sistemáticamente a los agresores.
Hoy, la denuncia busca abrir un camino hacia la justicia y la reparación del daño, pero también expone la urgencia de que las instituciones religiosas y civiles asuman con responsabilidad la protección de niñas, niños y adolescentes. Mientras tanto, la voz de las víctimas sigue siendo el principal motor para romper el silencio.
