Un revés judicial para el gobierno de Donald Trump

Guardia Nacional de Trump desplegada en la capital estadounidense es ordenada retirarse por una jueza y crece la tensión en tee el presidente y el gobierno. La resolución, emitida por la jueza del Tribunal de Distrito, Jia Cobb, representa un fuerte golpe legal para la administración republicana, que había justificado la movilización de tropas con el argumento de combatir el crimen y reforzar el control migratorio.

Aunque la jueza instruyó a que la presencia militar finalice, decidió suspender su propia orden por 21 días para permitir que la administración de Trump presente una apelación. Esta ventana abre un nuevo capítulo en la disputa política y jurídica sobre el alcance de la autoridad federal en ciudades gobernadas por demócratas.

Por qué la guardia nacional estaba en Washington

El despliegue comenzó el 11 de agosto, cuando Trump ordenó que más de 2 mil elementos de la Guardia Nacional patrullaran las calles de Washington, Los Ángeles y Memphis. Todas estas ciudades están administradas por gobiernos demócratas, un hecho que generó controversia desde el inicio.

Trump afirmó que Washington era “un lugar sucio y plagado de crimen”, justificando así el envío de militares. Sin embargo, múltiples funcionarios locales señalaron que el gobierno federal estaba utilizando fuerzas militares con fines políticos y sin solicitar ayuda directamente, como establece la ley cuando se trata de misiones de orden civil.

La demanda que desencadenó la decisión

En septiembre, el fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, presentó una demanda para exigir el fin del despliegue. Según Schwalb, la presencia de la Guardia Nacional violaba las leyes federales que regulan el uso de tropas en territorio estadounidense, especialmente cuando no existe una solicitud formal de las autoridades locales.

La jueza Cobb coincidió con el argumento del fiscal. En su fallo, señaló que la administración de Trump “actuó en contra de la ley” al movilizar tropas para misiones no militares de disuasión del crimen, algo que excede las facultades presidenciales en tiempos de paz.

La jueza acusa exceso de autoridad presidencial

Uno de los puntos más llamativos del fallo fue la crítica directa a la estrategia utilizada por la administración republicana. Cobb afirmó que el gobierno de Trump excedió su autoridad al traer elementos de la Guardia Nacional de otros estados sin cumplir los lineamientos institucionales.

Además, la jueza destacó que las tropas estaban cumpliendo funciones que no corresponden a misiones militares, lo cual va en contra de las regulaciones que limitan el uso de fuerzas federales para actividades de orden público sin la participación o autorización de líderes locales.

Dado que la jueza Cobb fue designada por el expresidente Joe Biden, algunos sectores conservadores han insinuado motivaciones políticas en su decisión. Aun así, especialistas legales señalan que la resolución se apega estrictamente al marco constitucional y a las leyes que restringen el uso de la Guardia Nacional en contextos civiles.

Un patrón de despliegues controvertidos

Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump enfrenta cuestionamientos por el uso extraordinario de la Guardia Nacional. A inicios del año, California también impugnó una movilización ordenada por la Casa Blanca después de que tropas fueran enviadas a Los Ángeles para contener protestas relacionadas con redadas contra migrantes.

La utilización de tropas militares para controlar manifestaciones, reforzar políticas migratorias o patrullar ciudades ha sido objeto de preocupación entre expertos en derechos civiles, quienes advierten que esta estrategia puede violar leyes históricas como la Posse Comitatus, la cual limita el uso del ejército en asuntos domésticos.

Lo que viene para la administración Trump

Con la suspensión temporal de la orden, el gobierno de Trump tiene tres semanas para presentar una apelación. De hacerlo, el caso podría escalar a instancias superiores, donde se analizará si el presidente tiene autoridad para desplegar tropas sin la solicitud de autoridades locales.

La resolución llega en un momento políticamente sensible, ya que Trump ha insistido en que su estrategia de seguridad es necesaria para combatir el crimen y la migración irregular. No obstante, cada revés legal debilita su argumento y fortalece la narrativa de que sus decisiones exceden los límites institucionales.

Una decisión que podría marcar precedente

El fallo de la jueza Cobb no solo afecta el despliegue en Washington, sino que podría convertirse en precedente para limitar el uso federal de la Guardia Nacional en situaciones similares. Si la apelación es rechazada, la decisión enviaría un mensaje claro sobre la necesidad de respeto a la autonomía de ciudades y estados, incluso en cuestiones relacionadas con seguridad pública.