El Paso, Texas – La política migratoria de la administración Trump ha escalado de una estrategia de contención en la frontera a una campaña de control interior de gran alcance, borrando peligrosamente las líneas entre la aplicación de la ley civil y la acción militar. A través de la intensificación de redadas, el despliegue de tropas y la declaración de «zonas militares», la Casa Blanca está utilizando el «efecto amedrentador» como una herramienta deliberada, con consecuencias directas y devastadoras para la seguridad económica, social y psicológica de las comunidades hispanas en todo el país, desde Los Ángeles hasta Houston.
De la Contención al Control Interior
En las últimas semanas, se ha documentado un agresivo aumento en los operativos de inmigración por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Ciudades como Los Ángeles han sido escenario de redadas en lugares de trabajo y domicilios particulares, generando un clima de miedo generalizado. Reportes y videos en redes sociales muestran detenciones de inmigrantes, algunos con décadas viviendo en el país y sin antecedentes penales, como el caso de un vendedor de paletas en Culver City, California, detenido por agentes sin identificación.
Esta estrategia ha sido reforzada con una notable militarización. La administración ha desplegado a la Guardia Nacional y a los Marines para proteger edificios federales y apoyar a los agentes de ICE en sus arrestos. De manera aún más controvertida, se ha declarado una «zona militar» alrededor de El Paso, Texas, una designación que autoriza a los soldados a arrestar a migrantes, una medida que desafía las normas que tradicionalmente separan las funciones militares de las policiales dentro de EE.UU..
Este enfoque federal se ve amplificado por las políticas estatales. Texas, por ejemplo, ha comenzado a realinear su masivo presupuesto de seguridad fronteriza. En lugar de centrarse en la construcción del muro, ahora destina más fondos a la colaboración directa con ICE para facilitar deportaciones en el interior del estado. Este cambio estratégico convierte a la policía estatal en un multiplicador de la fuerza de inmigración federal, extendiendo el alcance de la «frontera» a cientos de kilómetros de la línea geográfica.
El Miedo como Arma Económica y Psicológica
La naturaleza pública y a menudo dramática de estas redadas no parece ser un error, sino una característica deliberada de la política. El objetivo es maximizar el «efecto amedrentador» (chilling effect), y sus consecuencias ya son visibles. En Los Ángeles, organizaciones comunitarias han comenzado a distribuir despensas a familias que tienen miedo de salir de sus casas para ir a trabajar o comprar alimentos. El miedo altera comportamientos básicos y tiene un costo económico directo que afecta tanto a las familias como a sus países de origen.
Cuando las personas evitan el trabajo, los bancos o cualquier interacción con autoridades por temor a la deportación, no solo se interrumpe su capacidad para subsistir, sino también su capacidad para enviar remesas, un salvavidas económico para millones en México y Centroamérica. De esta manera, la estrategia de seguridad se convierte en una forma de sanción económica indirecta, desestabilizando no solo a los individuos, sino a comunidades enteras.
La respuesta de las comunidades ha sido una mezcla de miedo e indignación. Videos que muestran tácticas de arresto violentas, como un hombre siendo «tacleado» por agentes de la Patrulla Fronteriza en un Home Depot de Huntington Park, han provocado protestas y la promesa de acciones legales por parte de las autoridades locales. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene una postura inflexible, con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiendo advertencias sobre «amenazas intensificadas» en el país tras el conflicto con Irán, lo que podría justificar una vigilancia aún mayor. Para aquellos que buscan información o necesitan reportar actividad sospechosa, ICE mantiene una línea directa.
La política actual ha transformado la «frontera» de una línea geográfica a un concepto omnipresente que se aplica en cualquier ciudad de EE.UU. Para la vasta diáspora mexicana y latinoamericana, el mensaje es claro y alarmante: tener un familiar en Estados Unidos sin un estatus legal regularizado se ha convertido en un riesgo constante, sin importar cuán lejos se viva de la frontera sur.
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