Jueza federal declara en desacato al Fiscal de Florida por no comunicar la suspensión de la ley SB 1718, provocando arrestos ilegales de inmigrantes
Crece la incertidumbre y el temor en la comunidad inmigrante de Florida. A pesar de que una corte federal suspendió partes clave de la polémica ley antiinmigrante SB 1718, reportes recientes confirman que agencias locales de policía han continuado realizando arrestos bajo esta misma normativa, generando una crisis legal y humanitaria.
Confusión Deliberada: La Orden que no se Comunicó
La controversia escaló cuando una jueza federal declaró en desacato al Fiscal General de Florida, Ashley Moody. La razón: su oficina no comunicó de manera efectiva y oportuna a todas las agencias policiales del estado que la sección que criminaliza el transporte de personas indocumentadas había sido bloqueada. Esta falla en la comunicación provocó que, durante semanas, oficiales de policía siguieran aplicando una ley inválida, resultando en detenciones ilegales.
Según activistas y abogados de derechos civiles, esta «confusión» ha tenido consecuencias reales para familias hispanas y trabajadores inmigrantes. Personas han sido arrestadas por acciones tan simples como llevar a un compañero de trabajo, un amigo o incluso un familiar a una cita médica, bajo el amparo de una ley que ya no estaba en efecto. La jueza Kathleen Williams, visiblemente frustrada, ordenó al estado emitir una nueva directriz clara e inmediata a todas sus agencias y presentar reportes cada dos meses para asegurar el cumplimiento.
El Impacto en la Comunidad Latina: «Vivir con Miedo»
La ley SB 1718, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, ha sido una de las más restrictivas del país. Aunque su aplicación está parcialmente en pausa, el ambiente de hostilidad persiste. Líderes comunitarios denuncian que la situación actual es un ejemplo claro de cómo la retórica política se traduce en miedo y abuso a nivel de calle. «No importa si la ley está suspendida, el daño ya está hecho. La policía se siente con poder para detenernos y preguntarnos por nuestro estatus», comentó un trabajador agrícola a medios locales.
Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) han redoblado sus esfuerzos para informar a la comunidad sobre sus derechos. Advierten a las personas que no deben responder preguntas sobre su estatus migratorio si son detenidos y que deben contactar a un abogado inmediatamente. La batalla legal sobre la SB 1718 está lejos de terminar y se espera que llegue a instancias superiores, pero mientras tanto, la vida de miles de inmigrantes en Florida pende de un hilo legal que parece cambiar día con día.
Llamado a la acción: Se recomienda a la comunidad inmigrante en Florida mantenerse informada a través de fuentes confiables, tener a la mano el número de un abogado de inmigración y conocer sus derechos básicos en caso de una detención.
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