Una investigación exclusiva de Reuters ha revelado un complejo entramado de contrabando de combustible entre empresas energéticas de Estados Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

El caso, que involucra el transporte ilegal de miles de barriles de diésel en buques cisterna, demuestra cómo los cárteles mexicanos han expandido sus negocios más allá del narcotráfico, adentrándose en el mercado energético norteamericano con la complicidad —directa o indirecta— de empresas estadounidenses.

El viaje del Torm Agnes: contrabando en alta mar

El 8 de marzo, el buque Torm Agnes, cargado con casi 120 mil barriles de diésel, atracó en el Puerto de Ensenada, Baja California. La escena era inusual: ese puerto no está habilitado para descargar hidrocarburos inflamables, lo que hizo sospechoso el movimiento de camiones cisterna que rápidamente comenzaron a llenar sus tanques con el combustible.

Según testigos y documentos revisados por Reuters, la descarga se realizó de manera improvisada, utilizando mangueras directamente conectadas al buque. La operación se llevó a cabo con precisión y bajo fuerte coordinación logística, lo que reveló un grado de profesionalismo poco común en actividades ilícitas.

Detrás de esta maniobra estaba la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, que compró el diésel en Canadá y lo declaró falsamente como “lubricantes” en la documentación aduanera. El combustible fue entregado a una compañía fachada vinculada al CJNG, según autoridades mexicanas consultadas por Reuters.

Ni la empresa ni su director ejecutivo, Rhett Kenagy, han respondido a las solicitudes de comentarios. El abogado que los representa se limitó a afirmar que “nadie hablará con el reportero”.

Una red transnacional que mezcla negocios y crimen

El contrabando de combustible se ha convertido en la segunda fuente de ingresos más lucrativa para los cárteles mexicanos, solo detrás del narcotráfico. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las redes criminales se han infiltrado exitosamente en el comercio de hidrocarburos, utilizando rutas terrestres, ferroviarias y ahora marítimas, para mover millones de litros de diésel y gasolina cada mes.

Funcionarios estadounidenses ya se refieren a esta nueva modalidad como una “flota oscura”, en alusión a los buques que transportan petróleo ruso o iraní para evadir sanciones internacionales. En el caso mexicano, los tanqueros son utilizados para introducir combustible barato y sin controles fiscales al mercado nacional, afectando directamente a las empresas legítimas del sector.

Las importaciones ilegales de diésel y gasolina representan hasta un tercio del mercado mexicano, con un valor estimado de más de 20 mil millones de dólares anuales, según cálculos de funcionarios del Tesoro mexicano.

Corrupción y complicidad institucional

El caso del Torm Agnes ha desatado un escándalo político y militar en México, ya que los puertos del país están bajo control de la Secretaría de Marina (Semar). El almirante Raymundo Morales, jefe de la Armada, reconoció públicamente el 7 de septiembre que se ha iniciado una investigación interna por posibles casos de corrupción relacionados con el contrabando de buques cisterna.

“No toleraremos la corrupción bajo ninguna circunstancia”, aseguró Morales en conferencia de prensa, aunque no ofreció detalles sobre los funcionarios implicados.

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha ofrecido recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que permita desmantelar las redes de contrabando de combustible ligadas a los cárteles mexicanos.

Un negocio que une a criminales y corporaciones

La investigación de Reuters, basada en entrevistas con más de 50 fuentes, entre ellas agentes de ambos países, ejecutivos petroleros y expertos en comercio energético, muestra cómo los cárteles han logrado integrarse en la cadena de suministro internacional mediante el uso de empresas pantalla, documentos falsificados y rutas marítimas alternas.

Los delincuentes aprovechan los vacíos regulatorios entre México, Estados Unidos y Canadá para camuflar el origen de los cargamentos y así ingresar el combustible de contrabando sin pagar impuestos ni cumplir las normas ambientales o de seguridad.

En el caso de Ikon Midstream, la compañía habría actuado como intermediaria legal, comprando el producto en Canadá y alquilando el buque danés Torm Agnes para su transporte. La empresa danesa Torm, propietaria de la flota, aseguró que rompió vínculos con Ikon pocas semanas después del incidente, tras conocer los reportes sobre el uso ilícito del barco.

Consecuencias para el mercado y la seguridad

El auge del contrabando de combustible tiene un impacto directo en la economía mexicana y en la seguridad energética. Además de representar pérdidas fiscales millonarias para el Estado, este comercio ilícito fortalece el poder económico del CJNG, que amplía su influencia territorial y financiera sin depender exclusivamente del narcotráfico.

El fenómeno también distorsiona los precios del mercado, afectando a las compañías que operan legalmente y que no pueden competir con los precios reducidos del combustible ilegal.

La infiltración del Cártel Jalisco Nueva Generación en el comercio de hidrocarburos y la participación de empresas estadounidenses en estas operaciones evidencian un nuevo nivel de sofisticación del crimen organizado.

El caso del Torm Agnes no solo expone la fragilidad de los controles portuarios y aduaneros en México, sino también la complicidad empresarial internacional que permite que los cárteles actúen con alcance global.

Mientras las investigaciones continúan en ambos países, el desafío para las autoridades será romper este vínculo entre economía formal y crimen transnacional, una frontera cada vez más difusa en el negocio multimillonario del combustible ilegal.