Escalada contra la disidencia desde el exterior

El gobierno de Estados Unidos condenó firmemente la decisión de las autoridades de Hong Kong de emitir nuevas órdenes de arresto contra 19 activistas opositores que residen en el extranjero, incluyendo ciudadanos estadounidenses y británicos. La medida, impulsada por la aplicación de la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing, ha sido calificada por Washington como un caso flagrante de “represión transnacional”.

Los activistas son acusados de impulsar un Parlamento paralelo con el fin de promover una nueva constitución para la región, lo que las autoridades hongkonesas consideran un acto subversivo. Entre los señalados figuran nombres como Elmer Yuen, Johnny Fok, Tony Choi y Victor Ho, quienes ya enfrentaban órdenes previas. Para ellos, la policía ofreció recompensas de hasta un millón de dólares hongkoneses (más de 127 mil dólares estadounidenses).

EE.UU. promete defender la libertad de expresión

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su rechazo categórico a las acusaciones, recalcando que “esta Administración siempre defenderá las libertades fundamentales y no tolerará la represión transnacional en suelo estadounidense”. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, Rubio defendió el derecho a la libertad de expresión, especialmente en el contexto de una acción no violenta desde el exterior.

Washington no está solo en su postura. El gobierno del Reino Unido también condenó la maniobra a través del secretario de Asuntos Exteriores David Lammy y la ministra del Interior Yvette Cooper, quienes advirtieron que estas órdenes “fomentan comportamientos imprudentes en suelo británico” y representan un nuevo ataque a los derechos civiles.

Una votación simbólica con repercusiones internacionales

El detonante de esta nueva ofensiva fue la organización de una elección paralela por parte de un grupo autodenominado “Hong Kong Parliament”, con el objetivo de representar a la diáspora hongkonesa y proponer un nuevo marco constitucional. La votación se llevó a cabo el pasado 30 de junio mediante una aplicación móvil y plataformas en línea, y atrajo la participación de más de 15.700 personas desde lugares como Taiwán, Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.

Aunque los organizadores reconocieron que la participación fue limitada, insistieron en que el objetivo era dar visibilidad al movimiento prodemocracia y construir una plataforma simbólica para el diálogo político. En respuesta, la policía de Hong Kong calificó la iniciativa como un “acto de subversión” y prometió mantener abierta la investigación, incluso ofreciendo recompensas adicionales para capturar a otros implicados.

Un patrón repetido de acoso a disidentes

Las acciones más recientes se suman a una serie de medidas adoptadas por las autoridades de Hong Kong en los últimos dos años contra opositores en el exilio. Entre los afectados están antiguos legisladores prodemocracia como Nathan Law y Ted Hui, así como periodistas y activistas que han denunciado públicamente la pérdida de autonomía de la región desde la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional en 2020.

En algunos casos, las autoridades han llegado a anular pasaportes de ciudadanos en el extranjero, dificultando su movilidad internacional y dejando a varios en un limbo legal. El uso de esta legislación ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos, que la consideran un instrumento de control político extraterritorial.

Tensiones diplomáticas y sanciones en el horizonte

La comunidad internacional observa con preocupación lo que percibe como un deterioro sistemático de las libertades civiles en Hong Kong, que deberían estar protegidas por el principio de “un país, dos sistemas”, acordado en 1997 durante el traspaso de la soberanía británica a China. Bajo este acuerdo, se prometía preservar las instituciones democráticas y las libertades individuales en la región por al menos 50 años.

Sin embargo, para muchos críticos, la realidad es que Beijing ha erosionado esa promesa, extendiendo su influencia a través de reformas legales, censura y persecución de opositores. En marzo pasado, Estados Unidos impuso sanciones a seis funcionarios chinos y hongkoneses por su presunta participación en la represión contra la autonomía de la ciudad.

Frente a esta nueva ofensiva, no se descartan nuevas sanciones o medidas diplomáticas por parte de Washington y Londres. El caso ha reforzado los llamados en el Congreso estadounidense para aumentar la protección a los activistas exiliados y revisar la cooperación con gobiernos que permitan o faciliten la represión transnacional.

Una batalla legal y simbólica sin fronteras

Desde su exilio, varios de los activistas perseguidos han hecho declaraciones desafiantes. Elmer Yuen, en una transmisión en vivo por Facebook, aseguró que la represión solo fortalecerá la causa del Parlamento de Hong Kong y atraerá mayor atención internacional. Por su parte, Sasha Gong, también en la lista de buscados, calificó a Hong Kong como “un Estado policial” y declaró que informará su caso al Congreso de los Estados Unidos.

La situación abre un debate cada vez más urgente sobre los límites del poder estatal fuera de sus fronteras, el uso de leyes nacionales con efectos extraterritoriales, y el papel de las democracias occidentales en la defensa de los derechos civiles más allá de sus propios territorios.