La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo estableciendo que la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) exige a las agencias federales limitar sus revisiones a los «efectos directos» de los proyectos, en lugar de analizar «impactos más amplios» o consecuencias indirectas lejanas.
En una decisión que podría redefinir el panorama de las evaluaciones de impacto ambiental en Estados Unidos, la Corte Suprema falló este jueves a favor de una interpretación más restringida de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). El dictamen, surgido del caso Seven County Infrastructure Coalition v. Eagle County, establece que las agencias federales deben centrar sus análisis en los efectos directos e inmediatos de los proyectos propuestos, marcando un potencial cambio en la forma en que se aprueban grandes obras de infraestructura y energía.
La votación fue unánime de 8-0 en la decisión de revertir el fallo del tribunal inferior, aunque con una división de 5-3 sobre los razonamientos específicos de por qué el Circuito de D.C. erró, según algunos análisis. El Juez Brett Kavanaugh fue el autor de la opinión mayoritaria de la Corte. El caso involucraba el proyecto ferroviario Uinta Basin Railway en Utah, una línea de 88 millas diseñada para transportar petróleo. El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia había dictaminado previamente que la Junta de Transporte de Superficie (Surface Transportation Board) debía realizar un análisis más exhaustivo de los impactos «upstream» (aguas arriba, como el aumento de la perforación petrolera) y «downstream» (aguas abajo, como el refinamiento del petróleo) asociados al proyecto.
La argumentación de la Corte: NEPA como herramienta Pprocesal
La Corte Suprema, al revertir la decisión del Circuito de D.C., enfatizó que NEPA es una ley de naturaleza «puramente procesal» y no impone obligaciones ambientales sustantivas. Según el fallo, el propósito de NEPA es asegurar que las agencias estén informadas sobre las consecuencias ambientales de sus acciones y que el público tenga acceso a esta información, pero no dicta un resultado particular ni exige que se prioricen ciertos factores ambientales sobre otros.
«NEPA es un control procesal, no un obstáculo sustantivo. El objetivo de la ley es informar la toma de decisiones de la agencia, no paralizarla», señaló la opinión de la Corte. En este sentido, se instruyó que los tribunales deben otorgar una «deferencia judicial sustancial» a las agencias en la determinación del alcance y detalle de sus Estudios de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés). Las agencias, por tanto, deben enfocarse en los efectos del proyecto específico bajo consideración y no están obligadas a analizar exhaustivamente los efectos de otros proyectos separados en tiempo o lugar, incluso si son previsibles.
Implicaciones para proyectos y litigios futuros
Esta decisión es vista como una victoria para los promotores de proyectos, especialmente en los sectores de energía e infraestructura, que a menudo enfrentan largos procesos de revisión y litigios bajo NEPA. Al limitar el alcance de los análisis a los «efectos directos», se espera que el proceso de obtención de permisos pueda acelerarse.
La insistencia de la Corte en la «deferencia judicial sustancial» a las agencias es una señal para los tribunales inferiores, instándolos a adoptar un rol menos intervencionista en la revisión de las determinaciones NEPA. Esto podría traducirse en una reducción de los litigios que buscan ampliar el alcance de las evaluaciones ambientales para incluir una gama más amplia de impactos indirectos o acumulativos. Este enfoque se alinea con los objetivos declarados por la administración Trump de impulsar el desarrollo energético y agilizar la aprobación de proyectos de infraestructura.
Tensión entre eficiencia y evaluación ambiental integral
El fallo subraya una tensión fundamental en la política pública estadounidense: el equilibrio entre la eficiencia en la aprobación de proyectos y la necesidad de una evaluación ambiental exhaustiva que considere el panorama completo de las consecuencias. Al priorizar la «no paralización» de la toma de decisiones de las agencias, la Corte podría estar sentando un precedente que dificulte abordar los efectos sistémicos y conectados de grandes desarrollos, como aquellos relacionados con el cambio climático derivados del uso de combustibles fósiles que un nuevo ferrocarril podría transportar.
Grupos ambientalistas y entidades como el Condado de Eagle habían argumentado a favor de considerar una «amplia gama de impactos potenciales». La decisión de la Corte, al favorecer una interpretación más estrecha y literal de NEPA, podría llevar a que los proyectos se evalúen de forma más aislada, perdiendo la perspectiva de sus contribuciones a problemas ambientales mayores. Esto podría intensificar el debate sobre si NEPA, en su forma actual y con esta interpretación, es adecuada para enfrentar los complejos desafíos ambientales del siglo XXI.
«Simplemente dicho, NEPA es un control procesal, no un obstáculo sustantivo. El objetivo de la ley es informar la toma de decisiones de la agencia, no paralizarla.» – Opinión de la Corte Suprema en Seven County Infrastructure Coalition v. Eagle County.
El Futuro de las revisiones ambientales y el papel de la CEQ
Este dictamen judicial se produce en un contexto donde la administración Trump ya ha tomado medidas para modificar el marco regulatorio de NEPA. A través de órdenes ejecutivas, se ha instruido al Consejo de Calidad Ambiental (CEQ) a rescindir sus regulaciones implementadoras de NEPA y reemplazarlas con «orientación» no vinculante, con el objetivo de agilizar los permisos. De hecho, la CEQ ya retiró directrices previas que instaban a considerar el cambio climático y la justicia ambiental en las revisiones NEPA.
La combinación de esta decisión de la Corte Suprema y las acciones ejecutivas podría llevar a un panorama donde las revisiones ambientales federales dependan más de los procedimientos específicos de cada agencia y menos de un marco integral y estandarizado. Esto podría generar inconsistencias en la aplicación de NEPA a través del gobierno federal, creando incertidumbre tanto para los proponentes de proyectos como para el público, y potencialmente dificultando un abordaje uniforme de impactos interjurisdiccionales, acumulativos o relacionados con la justicia ambiental y el cambio climático.
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