La Corte Suprema de Estados Unidos, en una controvertida decisión de 8-1, ha despejado el camino para que la administración Donald Trump reanude su plan de despidos a gran escala de empleados federales. La jueza Ketanji Brown Jackson emitió un duro disenso, alertando sobre las implicaciones de la medida.
En una decisión con profundas repercusiones para la estructura del gobierno de Estados Unidos, la Corte Suprema ha levantado el bloqueo que una corte inferior había impuesto sobre el plan de la administración Trump para realizar despidos masivos en la plantilla federal. El fallo, emitido con una votación de 8-1, anula la orden de una jueza de San Francisco y permite que el ejecutivo avance con una de sus políticas más transformadoras y controvertidas.
La decisión no evalúa la legalidad fundamental del plan de despidos, lo que significa que podrían surgir nuevos desafíos legales. Sin embargo, su efecto inmediato es dar luz verde a agencias federales para que retomen sus esfuerzos de reestructuración, que ya habían resultado en la salida de unos 260,000 empleados civiles por despido, renuncia o jubilación anticipada antes del bloqueo judicial.
El Voto Solitario y la Crítica al «Shadow Docket»
La única voz disidente en el fallo fue la de la jueza Ketanji Brown Jackson. En su escrito, criticó duramente a sus colegas por lo que describió como el «entusiasmo de la Corte por aprobar acciones legalmente dudosas en procedimientos de emergencia».
Su crítica apunta a un aspecto procesal clave: la decisión fue emitida a través del llamado «shadow docket» (expediente en la sombra), un mecanismo para órdenes de emergencia que no requiere los argumentos orales completos ni las deliberaciones extensas de un caso regular. Este procedimiento ha sido objeto de creciente escrutinio por su falta de transparencia y su uso para tomar decisiones de gran calado.
El Plan de Reestructuración de Trump y Musk
Este fallo judicial no ocurre en el vacío. Es una pieza clave para la implementación de un ambicioso plan de la Casa Blanca, liderado por el presidente Trump y el empresario Elon Musk, para reducir drásticamente el tamaño de la burocracia federal. El plan busca desmantelar o reorganizar agencias enteras bajo la premisa de aumentar la eficiencia y eliminar lo que describen como «obstruccionistas» dentro del gobierno.
Tras el fallo, varias agencias anunciaron su intención de seguir adelante. El Departamento de Estado, por ejemplo, planea despedir a casi 2,000 empleados, mientras que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también tiene previstos recortes significativos.
«Continuaremos avanzando con nuestro plan histórico de reorganización.» – Comunicado del Departamento de Estado de EE. UU. tras el fallo de la Corte Suprema.
La Conexión Oculta: ¿Un Precedente para la Ciudadanía por Nacimiento?
Más allá del impacto directo sobre los empleados federales, el mecanismo legal de este fallo tiene implicaciones que podrían resonar en otros debates políticos de alta tensión. La decisión de la Corte Suprema se fundamenta en limitar la autoridad de los jueces federales para emitir «medidas cautelares universales» o bloqueos a nivel nacional contra órdenes ejecutivas.
Este mismo principio legal es central en la batalla de la administración por poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrada en la Enmienda 14. El gobierno ha argumentado que los jueces de cortes inferiores no deberían tener el poder de frenar una política presidencial en todo el país.
Al obtener una victoria en el caso de los despidos federales usando este argumento, la administración ha sentado un precedente poderoso. Este fallo no solo desbloquea los despidos, sino que también fortalece su posición legal en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento, creando un efecto dominó que conecta dos de las políticas más divisivas de la agenda actual. La batalla por el futuro de la burocracia federal podría ser solo el primer capítulo de una redefinición mucho más amplia del poder ejecutivo y los derechos constitucionales.
