Un renovado interés en la minería de uranio está tomando forma en Estados Unidos, especialmente en el suroeste, impulsado por el aumento de los precios globales, la prohibición de importaciones rusas y un entorno regulatorio más laxo bajo la administración Trump, generando un debate sobre la seguridad energética frente a las preocupaciones ambientales y el legado tóxico en comunidades locales.
Una confluencia de factores económicos y geopolíticos está reavivando la industria de la minería de uranio en Estados Unidos, particularmente en los vastos paisajes del suroeste. Este resurgimiento, si bien es visto por algunos como una vía hacia la independencia energética, despierta profundas preocupaciones ambientales y reabre viejas heridas en comunidades que aún lidian con el legado de la primera fiebre del uranio.
El Escenario Favorable para el Uranio Estadounidense
Varias condiciones han madurado para impulsar la extracción doméstica de uranio. En primer lugar, los precios globales del uranio se han duplicado en comparación con su punto más bajo hace siete años. A esto se suma una decisión geopolítica clave: desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, Estados Unidos prohibió las importaciones de uranio proveniente de Rusia , uno de los proveedores mundiales.
Actualmente, Estados Unidos enfrenta un notable desequilibrio en su suministro de uranio: importa aproximadamente el 98% del uranio que utiliza en sus reactores nucleares, los cuales generan alrededor del 30% de la energía nuclear a nivel mundial. Más de dos tercios de estas importaciones provienen de tres países: Canadá, Australia y Kazajistán.
Adicionalmente, un entorno regulatorio percibido como más favorable bajo la administración Trump está facilitando los procesos. Una orden ejecutiva presidencial, que también se aplica a proyectos de petróleo, gas, carbón, biocombustibles e hidroeléctricos (excluyendo energías renovables) en tierras federales, busca agilizar la obtención de permisos. En abril, la administración anunció una aceleración en las revisiones ambientales requeridas por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), con el objetivo de reducir procesos que típicamente toman un año o más a tan solo semanas.
Proyectos en Marcha y la Industria Renace
Este nuevo panorama ha incentivado a empresas a reactivar o iniciar proyectos:
* Energy Fuels, una compañía canadiense y principal minera de uranio en EE.UU., inauguró la mina Pinyon Plain cerca del Gran Cañón a finales de 2023. Además, opera la planta White Mesa en el sureste de Utah, la única instalación de procesamiento de uranio actualmente en funcionamiento en el país.
* Anfield Energy, otra empresa canadiense, tiene planes para reabrir la planta de uranio Shootaring Canyon en el sur de Utah, cerca del Área de Recreación Nacional Glen Canyon (cerrada desde principios de los años 80), así como la mina Velvet-Wood. Estas plantas son cruciales, ya que convierten el mineral de uranio crudo en «yellowcake», un concentrado en polvo que luego se procesa para fabricar combustible nuclear.
A pesar de este optimismo incipiente, John Uhrie, un exejecutivo de la industria del uranio, advierte que se necesita más que una simple reducción de regulaciones. Aunque los precios spot han subido respecto a hace algunos años, han disminuido aproximadamente un tercio desde su pico a principios de 2024. Uhrie sostiene que para un verdadero renacimiento de la industria, «el precio necesita subir drásticamente y mantenerse allí», además de requerirse una «inversión de capital significativa» en el terreno.
Moab, Utah: Un Legado Atómico y Preocupaciones Actuales
La localidad de Moab, en Utah, hoy conocida como un vibrante destino turístico para entusiastas del aire libre, posee una historia íntimamente ligada al uranio que se remonta a la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nombres de negocios locales como el «Atomic Hair Salon» son un guiño a ese pasado minero.
Sin embargo, el recordatorio más imponente es el proyecto REMEDIAL ACTION del Molino de Uranio de Moab. Este esfuerzo monumental del Departamento de Energía, con un costo de $1 mil millones, ha trabajado durante décadas para remover y asegurar 194 hectáreas de relaves tóxicos de uranio que se estaban filtrando al Río Colorado, aguas arriba del Gran Cañón y el Lago Mead. Se espera que este proyecto de limpieza concluya en los próximos cinco años.
Este legado de contaminación hace que muchos residentes de Moab se muestren recelosos ante la idea de reiniciar la minería y el procesamiento de uranio. La preocupación se agudiza por el hecho de que la administración Trump limitó la capacidad de participación pública en la evaluación de los planes para la mina Velvet-Wood.
Sarah Fields, directora del grupo local Uranium Watch, expresó su frustración: «Este fue un proceso en el que habría estado involucrada. No ofrecieron ninguna oportunidad para que el público dijera: ‘Necesitan ver esto, necesitan ver aquello'».
El Debate Ambiental y Regulatorio se Intensifica
Organizaciones ecologistas como el Grand Canyon Trust han sido críticas con proyectos como la mina Pinyon Plain, argumentando que representa un peligro para las fuentes de agua subterránea. Además, sostienen que la industria nuclear estadounidense no enfrenta un riesgo inminente de escasez de uranio que justifique una expansión minera apresurada.
Amber Reimondo, directora de energía del Grand Canyon Trust, es enfática: «Todo esto se está haciendo bajo la suposición de que existe alguna emergencia energética y eso simplemente no es cierto».
Una reciente decisión de la Corte Suprema, emitida el 30 de mayo de 2025, podría tener un impacto significativo en este debate. El alto tribunal limitó el alcance de las revisiones ambientales requeridas bajo la NEPA para grandes proyectos de infraestructura. En un caso relacionado con la expansión de un ferrocarril petrolero en Utah (Uinta Basin Railway), la Corte dictaminó 8-0 que los reguladores deben centrarse en los efectos directos de un proyecto, en lugar de considerar impactos más amplios «aguas arriba y aguas abajo». Esta decisión, calificada por el juez Brett Kavanaugh como una «corrección de rumbo» para evitar que los jueces obstaculicen nuevos proyectos , podría acelerar no solo proyectos de transporte de combustibles fósiles, sino también, por extensión, proyectos mineros como los de uranio.
Los defensores del medio ambiente han calificado esta decisión de la Corte Suprema como «desastrosa», advirtiendo que podría llevar a una mayor contaminación del aire y el agua, e intensificar las crisis climática y de extinción.
La Visión Gubernamental y de la Industria
Desde la perspectiva gubernamental y de la industria, el impulso a la minería de uranio se ve como un paso hacia la seguridad y la independencia energética. La administración Trump ha manifestado su compromiso de impulsar la perforación y la extracción de recursos energéticos domésticos, marcando un contraste con el enfoque en energías renovables de la administración anterior.
El gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, elogió el fallo de la Corte Suprema sobre NEPA como un «enfoque equilibrado» para la supervisión ambiental. Apoyó la expansión del ferrocarril de Uinta Basin como un proyecto de infraestructura crítico que ayudará a «restaurar la independencia energética de Estados Unidos» y a fortalecer la economía rural de su estado.
El futuro de la minería de uranio en Estados Unidos parece depender de un delicado equilibrio entre los precios del mercado, las políticas gubernamentales, las consideraciones de seguridad energética y las crecientes presiones por la protección ambiental y la justicia para las comunidades afectadas por legados tóxicos.
