En una decisión clave para los derechos civiles, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos ha decidido mantener la orden judicial que impide al gobierno federal realizar detenciones indiscriminadas de migrantes en el sur de California. La resolución responde a una demanda presentada por organizaciones defensoras de derechos migrantes, quienes acusaron al gobierno de Donald Trump de aplicar tácticas inconstitucionales y discriminatorias en sus operativos migratorios.
El caso: detenciones sin causa y motivadas por perfil racial
La controversia comenzó tras una serie de redadas realizadas en zonas predominantemente latinas de Los Ángeles. Grupos civiles documentaron casos en los que agentes federales arrestaban personas únicamente por hablar español, tener rasgos latinos o encontrarse en lugares como autolavados y depósitos de vehículos.
Entre los demandantes figura Brian Gavidia, ciudadano estadounidense detenido injustamente mientras trabajaba. En un video viral, se escucha gritar: “¡Nací aquí, en Estados Unidos, en el este de Los Ángeles, hermano!”. Su caso simboliza lo que los abogados de la ACLU describen como una campaña de persecución racial disfrazada de control migratorio.
La jueza Frimpong: “Montaña de evidencia” de abusos
La jueza Maame E. Frimpong, quien emitió la orden original el 12 de julio, aseguró que existía una “montaña de evidencia” de violaciones constitucionales. En su fallo, prohibió al gobierno utilizar la raza, el idioma, el lugar o el oficio de una persona como únicas bases para una sospecha razonable.
El panel del Noveno Circuito respaldó esta postura y criticó duramente la oposición del gobierno, argumentando que, si no están realizando arrestos injustificados, no deberían verse perjudicados por la orden.
El impacto en Los Ángeles: epicentro de resistencia
La ciudad de Los Ángeles ha sido históricamente un bastión de resistencia contra políticas migratorias agresivas. Las redadas masivas, que incluyeron el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines, generaron fuertes protestas y un rechazo amplio por parte de autoridades locales.
La alcaldesa Karen Bass celebró la decisión judicial como una “victoria para el Estado de derecho”, reafirmando que la ciudad seguirá protegiendo a sus comunidades de tácticas federales discriminatorias.
El argumento del gobierno: sin pruebas suficientes
El abogado del gobierno federal, Jacob Roth, cuestionó la validez de la orden y alegó que los activistas no aportaron suficientes pruebas de una política oficial. Además, consideró que los factores prohibidos por la jueza —como raza o idioma— deberían poder usarse para determinar sospechas razonables.
Sin embargo, la jueza Jennifer Sung desestimó esta postura, subrayando que el uso exclusivo de estos factores constituye un “perfil amplio” que no cumple con los estándares constitucionales.
¿Qué sigue? El caso continúa en septiembre
Aunque la orden actual es temporal, la audiencia para una medida judicial preliminar, más duradera y vinculante, está programada para septiembre. Si la corte falla nuevamente en contra del gobierno, se establecería un precedente firme contra prácticas discriminatorias en todo el país.
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