La Casa Blanca ha lanzado un desafío político al Congreso al solicitar la rescisión de $9.4 mil millones de dólares en fondos ya aprobados, desatando un debate sobre el control del gasto y las prioridades ideológicas.
El clima político en Washington D.C. se intensifica tras la petición formal de la Casa Blanca para que el Congreso anule $9.4 mil millones de dólares en asignaciones presupuestarias previamente aprobadas. Esta movida, enmarcada en la agenda del presidente Donald Trump de reducir el gasto federal y promover la «eficiencia gubernamental», ha puesto de manifiesto las divisiones ideológicas y las negociaciones en curso entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La estrategia detrás de la rescisión
La solicitud de rescisión, presentada el martes 3 de junio de 2025, se alinea con las recomendaciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa de la administración Trump. Los recortes propuestos apuntan a programas que, según la Casa Blanca, fomentan «ideologías liberales» o son considerados superfluos. Aunque los $9.4 mil millones representan una fracción mínima del gasto federal total, la acción se percibe como un esfuerzo simbólico para consolidar la imagen de la administración como una defensora de la disciplina fiscal.
Los programas más afectados incluyen una reducción de $8.3 mil millones del Departamento de Estado y USAID, así como la eliminación de fondos para NPR y PBS. También se ha propuesto recortar el financiamiento para el Plan de Emergencia del Presidente de EE. UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR), una decisión que ha generado preocupación entre grupos de salud global. La inclusión de partidas menores, como $750,000 para reducir la xenofobia en Venezuela o $67,000 para alimentación infantil en Madagascar, ha sido señalada por la administración como ejemplos de lo que considera «despilfarro».
Reacciones en el Congreso: Un tablero dividido
La respuesta en el Capitolio ha sido predeciblemente polarizada. El Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), rápidamente respaldó la propuesta, elogiando su alineación con los hallazgos del DOGE. Johnson se comprometió a colaborar con la Casa Blanca para «codificar estas recomendaciones» y llevar el paquete a votación en la Cámara «lo más rápido posible», señalando una voluntad de la mayoría republicana de impulsar la agenda de recortes.
«El paquete refleja muchos de los hallazgos del DOGE. Trabajaremos estrechamente para codificar estas recomendaciones».
El influyente House Freedom Caucus, un bastión de legisladores conservadores, también aplaudió la iniciativa, pidiendo a la administración que presente aún más paquetes de rescisión. Para este grupo, la aprobación de estos recortes es una prueba crucial de la capacidad del Congreso para concretar las promesas de la administración Trump.
Sin embargo, la propuesta enfrenta un escrutinio más riguroso en el Senado. La Senadora Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, adoptó una postura más cautelosa. Collins declaró que su comité llevaría a cabo una revisión exhaustiva del paquete, prestando especial atención a sus posibles «consecuencias en la salud global, la seguridad nacional, las comunicaciones de emergencia en comunidades rurales y las estaciones de radio y televisión públicas». Esta declaración subraya la preocupación de algunos sectores republicanos sobre el impacto práctico de los recortes en áreas sensibles.
Implicaciones legales y la tensión de poderes
La administración defiende su solicitud como un cumplimiento de la Ley de Control de Apoderamiento de 1974, que permite al presidente informar al Congreso sobre fondos que no se pretenden gastar. Esta ley concede al Congreso un plazo de 45 días para revisar y aprobar la solicitud. Russ Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, sugirió la posibilidad de enviar más paquetes de rescisión a fines del año fiscal en septiembre, con la advertencia de que si el Congreso no actúa, los fondos simplemente expirarían.
Críticos como Bobby Kogan del Center for American Progress han acusado a la administración de «retener ilegalmente fondos adicionales» sin la aprobación explícita del Congreso. Vought, por su parte, ha insistido en que la administración está actuando dentro de la ley, resaltando la tensión inherente entre las ramas del gobierno en la interpretación y defensa de la Constitución. Este pulso entre la Casa Blanca y el Capitolio sobre el gasto federal marca un punto clave en la dinámica política actual, con implicaciones significativas para futuras negociaciones presupuestarias y el equilibrio de poderes.
