Mahahual se ha transformado en el epicentro de una disputa sin precedentes que confronta el desarrollo turístico multinacional con la conservación de los recursos naturales en Quintana Roo. La propuesta de Royal Caribbean, que contempla una inversión de 600 millones de dólares, encendió las alertas de científicos y pobladores debido a la magnitud de sus operaciones en la región.
El proyecto de la naviera estadounidense en Mahahual busca replicar su modelo de exclusividad caribeña mediante una infraestructura que incluye 30 toboganes y el río lento más largo del mundo. La gobernadora estatal, Mara Lezama, respaldó la iniciativa proyectando su apertura para el año 2027 bajo la promesa de una reactivación económica.
Sin embargo, el anuncio detonó una ola de rechazo comunitario que llegó hasta el Poder Ejecutivo Federal. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), liderada por Alicia Bárcena, una revisión exhaustiva del caso ante las crecientes denuncias de irregularidades ambientales.
La organización internacional Greenpeace encabeza las exigencias para frenar las obras en este sector costero, catalogando el complejo como un ejemplo de «turismo depredador». La ONG alerta que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa omitió datos críticos sobre la fauna en riesgo.
El impacto de Perfect Day en la comunidad de Mahahual
El principal punto de fricción radica en la disparidad demográfica que enfrentará la localidad de Mahahual si se consolida el proyecto. El megaproyecto planea recibir hasta 21 mil visitantes diarios, una cifra alarmante si se compara con los apenas tres mil habitantes que residen actualmente en este pequeño paraíso.
La presión urbana derivada de este flujo masivo afectará el acuífero de la Península y desatará una crisis en el manejo de residuos sólidos. Los ambientalistas sostienen que el territorio no posee la capacidad de carga para soportar el impacto de un parque de diversiones artificial de tal escala.
El conflicto escaló al terreno legal tras una inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Las autoridades federales constataron la afectación y el desmonte ilegal de 17 mil 115 metros cuadrados de vegetación costera y humedales con presencia de manglar protegido en la zona.
A pesar de estos hallazgos, el panorama jurídico dio un giro radical cuando el Primer Tribunal Colegiado del XXVII Circuito de Quintana Roo desechó un amparo promovido por la sociedad civil. Esta decisión judicial dejó sin efecto la suspensión provisional que mantenía frenadas las actividades de construcción en el sitio.
La batalla legal por el futuro ecológico de Quintana Roo
Con este fallo a su favor, la compañía de cruceros recupera la facultad legal de reiniciar los trámites burocráticos ante las dependencias federales. Esto ha reactivado las movilizaciones ciudadanas tanto en el estado de Quintana Roo como en las oficinas centrales de la Ciudad de México.
Los defensores del territorio de Mahahual advierten que el avance del complejo provocará la destrucción irreversible de la Selva Maya, un corredor biológico vital. Asimismo, se prevé una alteración severa en los arrecifes del Sistema Arrecifal Mesoamericano por el aumento del tráfico de embarcaciones de gran calado.
Las comunidades locales temen ser desplazadas económicamente por un modelo donde las ganancias se concentran en la corporación extranjera. La privatización de accesos públicos a las playas y la pérdida de la identidad pesquera del destino son parte de los efectos socioculturales que preocupan a los pobladores históricos.
El futuro de la Costa Maya permanece suspendido entre la promesa de una derrama millonaria y la defensa de su patrimonio natural. La intervención final de las autoridades ambientales determinará si el desarrollo en Mahahual cede ante el capital o prioriza la sustentabilidad de la selva mexicana.
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