El anuncio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquea UIF cuentas de Raúl Rocha Cantú generó un fuerte impacto mediático, político y empresarial. La decisión surgió en medio de una investigación federal que ha colocado al empresario regiomontano en el centro de una compleja red criminal vinculada al tráfico ilegal de combustible, narcotráfico y compraventa de armas.
Rocha Cantú, conocido por ser propietario del 50 por ciento de la franquicia de Miss Universo, mantiene un conglomerado que abarca casinos, hospitales y empresas de seguridad, lo que amplía el alcance de los señalamientos en su contra y ahora la UIF bloquea sus cuentas.
El bloqueo de cuentas por parte de la UIF no es una medida menor. Se trata de una acción que suele activarse cuando existen indicios financieros relevantes que apuntan al lavado de dinero u operaciones relacionadas con organizaciones delictivas.
En este caso en que la la UIF bloquea, la medida llega en un momento crucial para la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2024, la cual ha acumulado testimonios, documentos, órdenes judiciales y una denuncia anónima que detalla la estructura de un presunto grupo dedicado al tráfico de hidrocarburos y armas de alto calibre.
Bloquea UIF cuentas en investigación federal
El 26 de noviembre, la FGR comunicó que la investigación continuaba en curso y que se seguían obteniendo datos clave. Ese mismo día, Rocha Cantú se acogió al criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, convirtiéndose en testigo colaborador. Esta figura jurídica —empleada para obtener información relevante a cambio de beneficios procesales— fue aplicada después de que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra él y al menos 12 individuos más.
La información que permitió la acción en la que la UIF bloquea lleva incluida en la carpeta de investigación apunta a que este grupo operaba actividades relacionadas con el tráfico de armas, la compraventa de equipo ilegal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos asociados al mercado clandestino de hidrocarburos.
Entre los presuntos integrantes de la red aparecen sujetos identificados como Kevin, Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, Alejandro, Íker y Daniel Roldán, además del propio Rocha Cantú, quien desde el 28 de noviembre fue reconocido formalmente como testigo colaborador.
La denuncia anónima presentada el 29 de noviembre de 2024 fue determinante para el arranque de esta investigación. En ella se describía la existencia de una organización criminal que operaba en diversas zonas del país, particularmente mediante rutas terrestres utilizadas para transportar armas provenientes de Guatemala. Estas armas eran ocultadas en autobuses cargados de ropa y fayuca con destino a Pino Suárez, en la Ciudad de México.
Uno de los cabecillas mencionados en la denuncia es un individuo identificado como Kevin, señalado como el encargado de coordinar la venta de armas de grueso calibre dentro de la capital. De acuerdo con la investigación, Kevin empleaba redes sociales y aplicaciones de mensajería —como WhatsApp— para publicar y vender el armamento. El suministro era gestionado desde Guatemala por la esposa de un sujeto llamado Charly, quien fungía como enlace operativo.
Redes de lavado y empresas vinculadas
La investigación también revela que varios de los implicados eran socios de una empresa de seguridad ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. Según la FGR, esta compañía fungía como fachada para lavar dinero proveniente de organizaciones criminales como La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, el giro de la empresa permitía facilitar la compra, venta y modificación de armas, lo que la convertía en un punto estratégico para las operaciones ilícitas.
Que la UIF bloquea UIF cuentas del empresario añade un nivel adicional al proceso legal. Estas medidas buscan impedir el movimiento de recursos mientras continúan las investigaciones. En contextos de delincuencia organizada, la UIF actúa en coordinación con la FGR para congelar activos que podrían ser utilizados por grupos criminales o desviados para evadir la acción de la justicia.
La relación entre estas transacciones financieras y la participación de Rocha Cantú en negocios de alto perfil, como la franquicia de Miss Universo, ha elevado aún más el interés público. Aunque la marca no está directamente relacionada con las actividades delictivas señaladas, el involucramiento de uno de sus propietarios sí ha generado cuestionamientos sobre la procedencia de los recursos y la administración del proyecto.
El caso que deja como resultado que la la UIF bloquea sus cuentas también pone en evidencia la vulnerabilidad de sectores como casinos y empresas de seguridad, rubros históricamente sensibles al lavado de dinero. Para las autoridades, este conglomerado empresarial representa un ecosistema idóneo para mover recursos sin levantar sospechas, motivo por el que la investigación financiera se ha intensificado.
Por ahora, el proceso después de que la la UIF bloquea sus cuentas continúa bajo estricta reserva, pero se espera que surjan nuevas revelaciones con base en la información que Rocha Cantú aporte como testigo colaborador. Aunque este estatus lo coloca en una posición distinta frente a la ley, no lo exime del escrutinio público ni de posibles implicaciones legales futuras.
El caso no solo exhibe una potencial red de tráfico ilegal, sino que además evidencia un problema mayor: la capacidad de grupos criminales para infiltrarse en sectores empresariales y de entretenimiento de alto impacto mediático. Situaciones como esta subrayan la urgencia de fortalecer los controles financieros y la supervisión estatal en industrias donde los flujos económicos son masivos y complejos.
Con el hecho de que la UIF bloquea UIF cuentas vinculadas a un personaje de tal visibilidad, se confirma la gravedad de las acusaciones y la intención de las autoridades federales de profundizar en la investigación. La atención pública se mantendrá sobre el desarrollo del caso, especialmente conforme avance el proceso jurídico y se definan responsabilidades.
Este episodio en el que la UIF bloquea sus cuentas podría marcar un precedente importante sobre cómo se investigan y sancionan los vínculos entre empresarios influyentes y redes delictivas.
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