El debate sobre el futuro de las pensiones en México volvió a tomar fuerza ante el creciente costo fiscal que representan y el acelerado envejecimiento de la población. Empresarios y analistas han puesto sobre la mesa una propuesta polémica que implica replantear, e incluso eliminar, programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y modificar de fondo el sistema de pensiones del IMSS.
Aunque no se trata de una iniciativa oficial, la discusión se apoya en cifras concretas que reflejan la presión que estos esquemas ejercen sobre las finanzas públicas y sobre una economía que ha crecido, en promedio, apenas 1% en las últimas tres décadas.
La propuesta de empresario sobre eliminar la pensión
Carlos Slim ha sido uno de los empresarios que ha expresado con mayor claridad esta postura. Su argumento parte de la expectativa de vida en México ya supera los 75 años, mientras que el sistema de pensiones fue diseñado cuando las personas vivían mucho menos tiempo.
Desde su perspectiva, jubilarse a los 60 o 65 años implica que el Estado deba sostener pensiones durante 15 o 20 años, lo que vuelve insostenible el modelo actual si no existe un crecimiento económico suficiente. En declaración en 2025, Slim insistió en que el problema de fondo no son las pensiones en sí, sino la falta de productividad y de empleo formal.
Su propuesta se centra en reemplazar las transferencias monetarias generalizadas por esquemas donde el ingreso provenga principalmente del trabajo, extendiendo la vida laboral hasta los 75 años y reduciendo la dependencia del gasto público.
Slim utilizó el caso de Telmex, empresa del Grupo Carso, para ilustrar el problema. La compañía modificó su régimen de jubilación ante la imposibilidad de sostener esquemas de retiro anticipado en un contexto donde las personas viven más años y las condiciones laborales cambian.
Actualmente, Telmex mantiene a más de 40 mil jubilados, lo que refleja el peso financiero que representan estos compromisos a largo plazo. Para Slim, este escenario es una advertencia de lo que puede ocurrir a nivel país si no se revisan los esquemas de pensión pública.
¿Cómo aplicaría esta propuesta en jubilados?
Bajo este planteamiento, una persona de 65 años no recibiría automáticamente una pensión universal como la del Bienestar, que actualmente otorga un apoyo bimestral. En su lugar, continuaría activa laboralmente bajo esquemas flexibles, con ingresos derivados del empleo y no de una transferencia directa del Estado.
En el caso del IMSS, el enfoque sería reducir la carga del sistema público, priorizando el ahorro individual en Afores y esquemas privados. El Estado solo intervendría cuando el ahorro no alcance un umbral mínimo, limitando el gasto público en pensiones contributivas.
Las pensiones en México
México combina pensiones contributivas y no contributivas. La Pensión para el Bienestar es un programa universal que no exige historial laboral y que se ha convertido en uno de los pilares de la política social.
Por otro lado, el sistema del IMSS depende del régimen de cotización. Los trabajadores bajo la Ley 73 pueden alcanzar pensiones cercanas al 100% de su último salario, mientras que quienes cotizan bajo la Ley 97 dependen casi por completo del ahorro acumulado en su Afore.
A esto se suman reformas recientes, como la de 2024, que garantiza una pensión mínima equivalente al último salario hasta un tope de 16,778 pesos mensuales, siempre que la jubilación se ejerza a los 65 años.
El gasto de las pensiones del Bienestar y su impacto
Las cifras muestran por qué el tema genera preocupación fiscal. Entre 2019 y 2023, el gasto acumulado en la Pensión para el Bienestar superó los 975 mil millones de pesos. Para 2026, el Paquete Económico propone destinar más de 987 mil millones de pesos a los Programas para el Bienestar en conjunto.
Este nivel de gasto representa una de las mayores presiones sobre el presupuesto federal, limitando recursos para otros rubros como salud, educación e infraestructura. Además, el monto crece cada año conforme aumenta el número de beneficiarios.
El impacto económico de mantener las pensiones
En el corto plazo, las pensiones del Bienestar tienen un efecto positivo, pues estimulan el consumo interno. Miles de comunidades dependen de estos recursos para la compra de alimentos, medicamentos y servicios básicos.
También funcionan como una red de seguridad que reduce la pobreza extrema entre adultos mayores. Organismos como México ¿Cómo Vamos? y el CIEP coinciden en que estos apoyos evitan que millones de personas caigan en condiciones de vulnerabilidad severa.
Sin embargo, el costo fiscal sostenido implica retos de largo plazo. A mayor gasto en pensiones, mayor presión sobre la recaudación y sobre la población trabajadora, generando una posible desigualdad intergeneracional.
¿Qué pasaría si se elimina la Pensión Bienestar?
Eliminar la Pensión Bienestar tendría un impacto inmediato. Millones de adultos mayores perderían su principal fuente de ingreso fijo. El consumo interno se vería afectado, especialmente en zonas con alta dependencia de este apoyo.
Desde el punto de vista fiscal, el Estado liberaría cientos de miles de millones de pesos, pero a costa de un aumento en la pobreza, mayor carga para las familias y una probable expansión de la informalidad laboral en edades avanzadas.
¿Qué ocurriría si se replantea o reduce la jubilación del IMSS?
Modificar el sistema de pensiones del IMSS implicaría trasladar aún más el riesgo financiero a los trabajadores. Quienes no lograron acumular ahorro suficiente enfrentarían ingresos muy bajos en la vejez.
Aunque esto podría mejorar la sostenibilidad fiscal, también ampliaría la brecha entre quienes tuvieron empleos formales bien remunerados y quienes trabajaron en la informalidad, un sector que aún representa más del 50% del empleo en México.
Las cifras muestran que el debate no es ideológico, sino estructural. Mantener el apoyo universal y contributivar sin cambios exige un gasto creciente en un país con bajo crecimiento económico. Eliminarlas reduce presión fiscal, pero genera un costo social elevado.
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