El martes, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso punto final a una nueva estrategia de TV Azteca y Grupo Elektra para detener sus juicios fiscales. Las empresas de Ricardo Salinas Pliego buscaban aplazar las resoluciones, argumentando que habían solicitado al gobierno federal un “ajuste” en sus adeudos, pero el máximo tribunal les cerró la puerta.
El intento de aplazamiento
En menos de dos semanas, Grupo Salinas presentó dos solicitudes similares, intentando retrasar los fallos de siete juicios fiscales. Según fuentes judiciales, los créditos impugnados suman más de 41 mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos.
La SCJN, sin embargo, fue contundente: “no existe disposición legal que faculte suspender el dictado del fallo”.
Con esa resolución, el tribunal reafirmó su compromiso con la celeridad judicial y el principio de que nadie puede retrasar indefinidamente la aplicación de la ley.
Estrategias fallidas
Además de los intentos de aplazamiento, las compañías también promovieron recursos de impedimento contra tres ministras —Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf—, con la intención de que no participaran en cinco de los juicios. Sin embargo, estas solicitudes también fueron rechazadas por la presidencia de la Corte.
Dicha táctica se suma a una larga lista de maniobras legales que Grupo Elektra ha emprendido desde hace años para evitar el pago de sus multimillonarios adeudos fiscales.
La respuesta del gobierno de Sheinbaum
La historia tomó un nuevo giro cuando Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió directamente al magnate. Luego de que Grupo Salinas afirmara que podía saldar parte de su deuda —unos 7 mil 600 millones de pesos, tras un abono previo en 2022—, Sheinbaum dejó claro que el diálogo no sustituye la ley.
“Lo único que hemos dicho es: toma chocolate, paga lo que debes”, declaró con firmeza la mandataria, subrayando que el SAT está abierto para recibir los pagos “hoy, hoy, hoy”.
Un precedente para la justicia fiscal
El caso de Grupo Salinas se ha convertido en un precedente clave sobre la responsabilidad fiscal corporativa en México. Con la negativa de la SCJN, el mensaje es claro: no habrá espacio para privilegios ni aplazamientos que dilaten el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El desenlace de estos juicios podría marcar el futuro de las relaciones entre grandes consorcios mediáticos y las autoridades fiscales, reforzando la idea de que la justicia fiscal es parte esencial del Estado de derecho.
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