Entre 2016 y 2024, México registró un descenso en la pobreza extrema, pasando de 8.7 millones a 7 millones de personas. Sin embargo, Claudia Maldonado, coordinadora general de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del Inegi, aclaró que esta disminución no se atribuye a los programas sociales, sino al ingreso propio de las personas. En una reunión con la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, explicó que seis de cada 10 personas en situación de pobreza extrema provienen de hogares que no reciben ningún apoyo de programas sociales.
Problemas persistentes en derechos sociales
Maldonado destacó que la carencia de seguridad social y acceso a servicios de salud es un problema grave que incluso ha empeorado en los últimos ocho años. Mientras que en 2016 el 15.6% de la población tenía carencia por acceso a la salud, en 2024 este indicador se ubica en 34.2%, reflejando un retroceso respecto a 2016 a pesar de haber disminuido desde un pico histórico de 39.1%.
La funcionaria señaló que los programas sociales tienden a beneficiar más a quienes se encuentran en niveles de pobreza menores, mientras que la población en pobreza extrema sigue recibiendo poca cobertura. Esto evidencia que los programas no están llegando efectivamente a quienes más los necesitan.
Necesidad de un enfoque integral
El Inegi subraya que para reducir la pobreza extrema no basta con incrementar ingresos a través de transferencias o programas sociales. Es indispensable garantizar derechos como acceso a la salud, seguridad social y vivienda digna, junto con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica. “No nos alcanza sólo con mejorar el ingreso; si no tengo seguridad social o acceso a servicios de salud, o vivo en hacinamiento, seguiré en situación de pobreza”, afirmó Maldonado.
Chiapas, Guerrero y Oaxaca registran los porcentajes más altos de población en pobreza extrema, con tres de cada 10 personas en esta condición, según los datos del instituto. La persistencia de la pobreza extrema exige políticas públicas más inclusivas y focalizadas hacia los hogares con menores ingresos.
