Con el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, nuevamente integrantes de su familia han adquirido visibilidad pública. Al mismo tiempo, los nombres de sus hijos aparecen en investigaciones periodísticas relacionadas con empresas, contratos y movimientos financieros que han sido objeto de cuestionamientos.
Los señalamientos no significan que exista una condena o responsabilidad penal contra los integrantes de la familia. De acuerdo con la información proporcionada, hasta ahora no existen sanciones ni acusaciones formales en México contra los hijos de Rocha Moya por estos hechos.
¿Cuáles son las empresas señaladas a los hijos de Rubén Rocha Moya?
Una de las compañías que aparece en las investigaciones es Constructora Chocosa, creada en 2009 por Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del gobernador.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2010 y mediados de 2018 la empresa obtuvo contratos por más de 64 millones de pesos con dependencias como la Secretaría de Obras de Sinaloa y el sector Salud.
Los negocios de la compañía volvieron a ser cuestionados durante el gobierno de Rocha Moya. La investigación señala que entre 2021 y 2023, Juscecin Desarrollos, empresa vinculada con Enrique Díaz Vega, entonces secretario de Finanzas de Sinaloa, realizó transferencias por alrededor de 240 millones de pesos con Constructora Chocosa.
Díaz Vega es señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y se entregó a Estados Unidos para colaborar con las autoridades de ese país.
¿Qué investiga Estados Unidos sobre la familia Rocha Moya?
Las operaciones entre distintas empresas forman parte de las líneas que se revisan para determinar el origen y destino de los recursos. La revista Emeequis documentó una presunta red financiera integrada por alrededor de 30 personas y 14 empresas, que habría desviado más de 620 millones de pesos durante los primeros tres años del gobierno de Rocha Moya.
Además, el Servicio de Administración Tributaria habría revisado operaciones fiscales relacionadas con Rubén, Ricardo, José de Jesús y Eneyda Rocha Ruiz.
Entre los señalamientos se encuentra la presunta facturación hacia nueve empresas consideradas “fachada”, con facturas que posteriormente fueron canceladas por un monto de 136 millones de pesos.
De acuerdo con los citado en un video de Político Mx, la empresa constructora Chocosa, obtuvo contratos millonarios por construcciones; Frutas y Verduras Eldorado obtuvo contratos sobre alimentos. Según el informe, ambas compañías estarían ligadas a una presunta red y el gobierno de Estados Unidos sigue pidiendo la entrega del gobernador sinaloense.
¿Quiénes son los hijos de Rubén Rocha Moya?
Rubén Rocha Moya tuvo cuatro hijos con Socorro Ruiz Carrasco, quien falleció en 2016:
Eneyda Rocha Ruiz: Actualmente está al frente del DIF estatal y cuenta con un doctorado en ciencias administrativas. Su gestión también ha sido mencionada en investigaciones que plantean señalamientos sobre presuntas adjudicaciones de contratos millonarios.
Ricardo Rocha Ruiz: Fue despedido de la Universidad Autónoma de Sinaloa por conflictos relacionados con la ley orgánica. También ha sido señalado en reportes periodísticos por presuntos viajes en aeronaves privadas y por su posible relación con la red financiera familiar.
Rubén Rocha Ruiz: Mantiene un perfil más discreto. Sin embargo, reportes periodísticos lo han relacionado con vuelos privados cuyo costo habría superado los 500 mil pesos por trayecto, operados por la empresa Across.
Por su parte, José de Jesús Rocha Ruiz aparece mencionado en investigaciones por su presunta relación con contratos vinculados con Constructora Boguez y Grupo Rofca.
El yerno de Rocha Moya también aparece en los señalamientos
Otro nombre mencionado es el de Jorge Antonio Cano Félix, esposo de Eneyda Rocha.
El material proporcionado señala que el empresario y exfuncionario tendría un patrimonio estimado en 141 millones de pesos y que anteriormente ocupó cargos en el ISSSTE, la Lotería Nacional y Pemex.
Durante su paso por el ISSSTE, la Auditoría Superior de la Federación habría detectado irregularidades por cerca de un millón de pesos. Posteriormente, Cano Félix llegó a Pemex como subdirector de Tecnología de la Información.
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Una investigación de MCCI señala que Cano Félix habría creado junto con su cuñado Ricardo Rocha Ruiz una empresa dedicada formalmente a la logística de eventos. Sin embargo, según esa investigación, la compañía habría participado en la importación de combustible de alto octanaje destinado al automovilismo.
El presunto esquema consistía en importar el combustible desde una empresa ubicada en San Antonio, Texas, pero declararlo ante las autoridades aduaneras como aditivos o productos químicos de menor valor.
La información fue explicada por Valeria Durán, de MCCI, quien señaló que los reportes aduanales revisados por la organización no registraban las mercancías como combustible para carreras, sino como otros productos.
Cano Félix también aparece por aportaciones políticas
El esposo de Eneyda Rocha también tuvo participación en el ámbito político. De acuerdo con datos de fiscalización del INE citados en el material, Jorge Antonio Cano Félix fue señalado como el principal aportante individual a la campaña presidencial de Morena en 2024.
Su participación política y su cercanía con la familia Rocha lo colocaron nuevamente bajo escrutinio, esta vez en medio de las investigaciones sobre las actividades empresariales y financieras relacionadas con el entorno del gobernador.
La presión sobre la familia Rocha Ruiz se intensificó después del ataque armado registrado el 9 de mayo contra una propiedad de Rocha Moya en Culiacán, además de las amenazas contra integrantes de su familia que aparecieron en narcomantas.
El 21 de agosto, Rocha Moya presidió la Mesa de Construcción de Paz y se reunió con integrantes de su gabinete, después de anunciar su regreso a la gubernatura de Sinaloa.
Su retorno ocurrió luego de 112 días de licencia solicitada ante el Congreso local, periodo durante el cual enfrentó señalamientos realizados por un juez del Distrito Sur de Nueva York sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
