Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encendieron la tensión entre México y Estados Unidos tras revelarse una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. El caso, que involucra a altos funcionarios, apunta a una supuesta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalamientos incluyen delitos graves como narcotráfico, uso de armas y conspiración, lo que podría escalar el conflicto bilateral en materia de seguridad.
EE.UU. acusa a Rubén Rocha y funcionarios por narcotráfico
La investigación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señala que Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios habrían colaborado durante años con el Cártel de Sinaloa.
Según las autoridades, los acusados conspiraron para introducir drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos. A cambio, habrían recibido sobornos y respaldo político, además de facilitar operaciones logísticas del grupo criminal.
La acusación también incluye a mandos de seguridad y procuración de justicia que, presuntamente, filtraban información sobre operativos y protegían el traslado de cargamentos ilícitos.
Vínculos con “Los Chapitos”
El expediente detalla una presunta relación directa con la facción conocida como “Los Chapitos”, ligada a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. De acuerdo con la investigación, el gobernador habría sido beneficiado electoralmente por este grupo y posteriormente habría sostenido reuniones para permitir sus operaciones sin interferencia.
Las autoridades estadounidenses sostienen que algunos funcionarios recibían pagos mensuales para evitar detenciones, alertar sobre operativos e incluso participar en actos de violencia como secuestros y homicidios.
Reacción de autoridades de Estados Unidos
El fiscal Jay Clayton aseguró que este caso evidencia cómo organizaciones criminales operan con respaldo institucional. Por su parte, la Administración de Control de Drogas (DEA) señaló que esta red facilitó el flujo constante de drogas hacia su país.
Las autoridades subrayaron que los acusados deben ser considerados inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario, mientras el proceso judicial continúa en curso.
Según el documento judicial, Rubén Rocha Moya y los funcionarios implicados habrían utilizado sus cargos para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa. Entre las acciones señaladas se encuentran la entrega de información sensible, la orden a corporaciones para resguardar cargamentos y la permisividad ante actos violentos.
A cambio, habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de una estructura de protección institucional.
¿Quién es Rubén Rocha Moya?
Rubén Rocha Moya es un político, académico y escritor mexicano nacido en Badiraguato, Sinaloa. Llegó a la gubernatura en 2021 impulsado por Morena en alianza con el Partido Sinaloense.
Antes de ello, fue senador en el Congreso de la Unión y ha tenido una trayectoria vinculada al ámbito educativo y sindical. Cuenta con estudios en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de posgrados en educación y ciencias sociales.
Su carrera política inició desde joven en movimientos estudiantiles y posteriormente ocupó cargos como diputado local y líder sindical universitario.
¿Qué cargos enfrenta en Estados Unidos?
El gobernador enfrenta acusaciones por conspiración para el tráfico de narcóticos, así como por posesión de armas de alto poder y artefactos explosivos.
Estas imputaciones están relacionadas con actividades del crimen organizado y, en caso de ser declarado culpable, podrían derivar en cadena perpetua, con penas mínimas de hasta 40 años de prisión.
Funcionarios implicados en el caso
Junto a Rubén Rocha Moya aparecen otros 9 funcionarios de alto nivel, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. También figuran exresponsables de seguridad pública, finanzas y procuración de justicia, quienes presuntamente habrían participado en la misma red de colaboración con el narcotráfico.
El caso se mantiene en desarrollo y podría tener implicaciones profundas tanto en la política mexicana como en la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad.
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