La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó que una persona no puede ser encarcelada por el simple incumplimiento de una deuda de carácter puramente civil. El criterio fue analizado por el Pleno al revisar una disposición del Código Penal del Estado de Chihuahua que permitía sancionar con prisión determinados incumplimientos contractuales, pero ojo, no pagar una deuda sí puede tener consecuencias.
La decisión se relaciona con el Amparo Directo en Revisión 4018/2025, en el que la Corte analizó si el artículo 224, fracción IX, del Código Penal de Chihuahua podía aplicarse para castigar penalmente el incumplimiento de ciertas obligaciones contractuales.
Lo aclarado es que una deuda o un contrato incumplido no puede convertirse automáticamente en un delito únicamente porque una de las partes haya dejado de cumplir con lo pactado.
¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre las deudas?
El Pleno determinó que el problema de la norma de Chihuahua estaba en que permitía llevar al ámbito penal una conducta cuyo origen era el incumplimiento de una obligación contractual.
La Corte señaló que para que una conducta pueda ser considerada delito no basta con demostrar que una persona dejó de cumplir un contrato. Deben existir elementos adicionales que justifiquen la intervención del derecho penal.
De esta manera, cuando el conflicto consiste únicamente en que una persona no cumplió con una obligación civil, la solución debe buscarse mediante las vías legales correspondientes para exigir el cumplimiento, el pago o, cuando proceda, la reparación de los daños.
¿Entonces no puedes ir a la cárcel por no pagar una deuda?
No por el simple hecho de tener una deuda civil o incumplir un contrato. Esta protección está establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo último párrafo señala: “Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”. Sin embargo, esto no significa que cualquier problema relacionado con un contrato esté fuera del derecho penal.
La diferencia está en la conducta que originó el conflicto, pero si además del incumplimiento existen elementos que configuran otro delito, como determinadas formas de engaño, el caso puede tener consecuencias penales. Lo que la Constitución impide es utilizar la prisión como castigo por el simple hecho de no haber pagado una deuda civil.
¿Qué pasa si no pagas una deuda o incumples un contrato?
Que no exista prisión por una deuda civil no significa que el acreedor tenga que quedarse sin recuperar su dinero. Dependiendo de la naturaleza de la obligación y de lo establecido en el contrato, la persona afectada puede acudir ante las autoridades correspondientes para exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación, reclamar el pago de una cantidad pendiente o solicitar daños y perjuicios cuando legalmente proceda.
También pueden existir otras consecuencias previstas en el propio contrato, siempre que sean válidas y aplicables conforme a la legislación correspondiente.
Por eso, dejar de pagar un préstamo, una renta, una compra a crédito o cualquier otra obligación sí puede generar un problema legal y económico, aunque no implique automáticamente una pena de prisión.
¿Por qué la SCJN considera importante distinguir una deuda de un delito?
La resolución marca una frontera entre el derecho civil y el derecho penal. El primero cuenta con mecanismos para resolver conflictos derivados del incumplimiento de obligaciones, mientras que el segundo está destinado a perseguir conductas que realmente constituyan delitos.
El criterio de la SCJN busca evitar que el derecho penal se utilice para castigar directamente el incumplimiento de una obligación contractual cuando no existen elementos adicionales que conviertan esa conducta en un ilícito penal.
La protección constitucional tampoco elimina la obligación de pagar. Una persona que incumple puede enfrentar demandas, reclamaciones de pago, daños y perjuicios u otras consecuencias jurídicas que correspondan al caso.
Es decir, una deuda de carácter puramente civil puede reclamarse por las vías legales correspondientes, pero no puede convertirse por sí sola en una razón para encarcelar al deudor.
