El dinero en efectivo llegaba cada mes acompañada de una lista escrita a mano. En ella aparecían nombres de funcionarios, mandos policiacos y presuntos colaboradores que, según autoridades de Estados Unidos, recibían pagos mensuales de la narconómina de Los Chapitos a cambio de protección, filtración de operativos y apoyo para mantener el control en Sinaloa.
La acusación fue revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de un expediente presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, considerada una de las más importantes en casos de narcotráfico. Ahí se menciona al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otras nueve personas presuntamente relacionadas con la estructura de protección del Cártel de Sinaloa.
Así operaba la presunta narconómina de Los Chapitos
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, el llamado “jefe de plaza” de Culiacán recibía cada mes una caja con grandes cantidades de efectivo enviada directamente por líderes de Los Chapitos.
Dentro también iba una lista con nombres, cargos públicos y montos específicos que debían entregarse como sobornos. Según el documento, los presuntos pagos iban desde 30 mil hasta 300 mil pesos mensuales para funcionarios encargados de seguridad y procuración de justicia en Sinaloa.
Estados Unidos sostiene que estos pagos permitían que integrantes del grupo criminal evitaran detenciones, recibieran alertas sobre operativos y pudieran mover drogas, armas y dinero antes de cateos militares o de la Marina.
Funcionarios señalados en la narconómina de Los Chapitos
Entre los nombres mencionados por el Departamento de Justicia aparecen funcionarios y exfuncionarios ligados a corporaciones de seguridad en Sinaloa. Uno de ellos es Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General de Sinaloa, quien días después de darse a conocer la acusación solicitó licencia a su cargo sin goce de sueldo.
También aparece Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, así como Alberto Jorge Contreras Núñez, identificado como su sucesor.
La acusación incluye además a:
- José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal.
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
- Gerardo Mérida Sánchez.
- Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán.
- Enrique Inzunza, senador de Morena.
Los montos que presuntamente recibían de Los Chapitos
El expediente señala que Dámaso Castro Zaavedra, identificado con el alias “Culiacán Regio”, habría recibido alrededor de 200 mil pesos mensuales. A cambio, según la acusación, las autoridades ligadas a Los Chapitos evitaban detener a miembros de la organización y enfocaban operativos contra grupos rivales.
Por su parte, los jefes de la Policía de Investigación identificados como “R1” habrían recibido aproximadamente 300 mil pesos cada mes.
El documento también menciona que José Antonio Dionisio Hipólito, alias “El Tornado”, supuestamente obtenía pagos de 100 mil pesos mensuales, mientras que Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, recibía alrededor de 30 mil pesos.
Acusan filtración de operativos y protección criminal
El Departamento de Justicia asegura que algunos de los funcionarios señalados proporcionaban información sensible sobre investigaciones, cateos e incautaciones planeadas por fuerzas federales mexicanas.
Esto permitía que Los Chapitos trasladaran laboratorios, escondites y cargamentos antes de los operativos oficiales. Además, fiscales estadounidenses afirman que ciertos mandos policiacos permitían la venta abierta de drogas y el porte ilegal de armas en zonas controladas por el grupo criminal.
En el caso de Valenzuela Millán, la acusación agrega presuntos vínculos con secuestros y homicidios contra rivales del cártel y personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses.
México exige pruebas a Estados Unidos
Tras darse a conocer la acusación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no permitirá intervenciones extranjeras y exigió a Estados Unidos presentar pruebas formales antes de proceder contra cualquier funcionario mexicano.
La mandataria señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República analizar la información y determinar si existen elementos suficientes para iniciar procesos judiciales en México.
La FGR también confirmó que solicitó oficialmente a autoridades estadounidenses los documentos y evidencias relacionadas con la investigación para revisar el caso.
Hasta ahora, ninguno de los señalados ha sido condenado y las acusaciones continúan bajo investigación en ambos países.
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