Una incapacidad médica puede cambiar por completo la economía de una familia. Cuando un trabajador deja de recibir su salario habitual por una enfermedad o accidente, los gastos cotidianos continúan y los compromisos financieros no desaparecen. En medio de esa situación, los descuentos de un crédito de vivienda pueden representar una preocupación adicional. Por ello, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el Infonavit estableció un criterio que puede tener consecuencias para trabajadores y empleadores.
El Pleno del máximo tribunal resolvió la Contradicción de Criterios 120/2025, relacionada con la obligación patronal de realizar descuentos para pagar créditos de vivienda durante periodos de ausencia o incapacidad. El asunto surgió después de la reforma de 2025 al artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que estableció que estos descuentos no se suspenderían por ausencias o incapacidades en términos de la Ley del Seguro Social.
La decisión de la Corte no significa que todos los trabajadores incapacitados dejarán de pagar automáticamente su crédito. Lo que determinó es que procede conceder una suspensión provisional contra los efectos de esa disposición, siempre que se cumpla una condición: presentar una garantía suficiente para asegurar el pago de los descuentos.
¿Qué resolvió la SCJN sobre los descuentos del Infonavit?
La resolución fue aprobada por el Pleno de la Suprema Corte el 4 de noviembre de 2025 y dio lugar a la jurisprudencia P./J. 6/2025 (12a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 2 de enero de 2026.
El criterio se refiere a la obligación de los patrones de realizar y enterar los descuentos correspondientes a los créditos de vivienda de trabajadores que se encuentran ausentes o incapacitados. La Corte consideró que exigir esas retenciones cuando no existe un salario sobre el cual aplicarlas puede generar una carga económica desproporcionada.
Sin embargo, la suspensión provisional no opera de manera automática para todas las empresas ni cancela las mensualidades de los acreditados. Se trata de una medida que puede solicitarse mediante los mecanismos legales correspondientes y cuya efectividad depende de que se exhiba una garantía suficiente, conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo aplicable al asunto.
Esto significa que la resolución establece una vía jurídica para impugnar la obligación de efectuar esos descuentos durante los periodos señalados, pero no representa una condonación de la deuda.
¿Qué trabajadores pueden beneficiarse de este criterio?
El criterio está relacionado con personas que tienen un crédito de vivienda y atraviesan periodos de ausencia o incapacidad contemplados por la legislación de seguridad social. La situación debe analizarse conforme a las condiciones del caso y a las medidas judiciales que correspondan.
Entre los puntos más importantes de la resolución se encuentran:
- Suspensión provisional: puede concederse respecto de la obligación patronal de realizar los descuentos al crédito de vivienda durante los periodos de ausencia o incapacidad.
- Garantía de pago: para que la medida tenga efecto, debe exhibirse una garantía suficiente que asegure el cumplimiento de los pagos correspondientes.
- No es una cancelación de deuda: el crédito contratado con el Infonavit no desaparece por la incapacidad médica.
- No es un beneficio automático: la jurisprudencia no ordena que todas las empresas dejen de descontar las mensualidades a sus trabajadores incapacitados.
Por eso, los trabajadores deben evitar interpretar la resolución como una autorización general para dejar de cubrir su financiamiento. También es importante que los empleadores revisen las condiciones legales antes de modificar las retenciones relacionadas con los créditos de vivienda.
¿La resolución protege el historial crediticio del trabajador?
Una de las principales dudas es qué sucede con el financiamiento mientras existe una incapacidad. La jurisprudencia aborda la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos de la obligación patronal, pero no establece que el historial crediticio quede protegido automáticamente ni que los pagos pendientes se eliminen.
La garantía exigida es precisamente un elemento central de la medida: busca asegurar que los descuentos correspondientes puedan cubrirse conforme a las condiciones legales. Por eso, cada situación requiere revisar qué suspensión se solicitó, qué resolvió el juzgado y qué obligaciones continúan vigentes.
Para los acreditados, lo más importante es no asumir que una incapacidad del IMSS detiene por sí sola las mensualidades. Antes de modificar sus pagos, deben consultar su situación directamente con el Instituto y, si existe una controversia, buscar orientación legal.
La decisión de la Suprema Corte representa un criterio relevante sobre la relación entre las incapacidades médicas, las obligaciones patronales y los créditos de vivienda. Aun así, no elimina los compromisos financieros de los acreditados: Infonavit y sus trabajadores deberán atender cada caso conforme a las condiciones establecidas por la ley y las resoluciones judiciales aplicables.
