Un mercado paralelo que creció y tomó fuerza sin control
El crecimiento del autoconsumo de combustibles en México dejó de ser una herramienta logística y se convirtió en un mercado irregular que opera sin supervisión. Más de 100,000 instalaciones sin permisos, distribuidas en patios de transporte, talleres mecánicos y obras, alimentan una red donde circula combustible ilícito o adulterado, afectando directamente al sector gasolinero, la recaudación fiscal y la seguridad industrial. Lo que nació como un esquema para facilitar operaciones a empresas con grandes flotillas hoy representa uno de los mayores desafíos regulatorios del sector energético.
En teoría, el autoconsumo permitía a las empresas almacenar combustible para uso exclusivo, reduciendo tiempos y optimizando su logística. Pero la falta de controles sólidos abrió una brecha donde proliferaron proveedores que ofrecían tanques, instalaciones y suministro sin permisos ni trazabilidad. Esta combinación creó un terreno fértil para que creciera una economía paralela que compite con el mercado formal a través de precios más bajos, opacidad y ausencia total de regulación.
Cómo se desbordó el autoconsumo irregular
Beatriz Marcelino, CEO de Grupo Ciita, estima que existen más de 100,000 instalaciones clandestinas en operación. Esta cifra refleja la dimensión del problema: empresas de transporte, patios industriales y sitios de carga emplean tanques instalados sin autorización o con documentación irregular. “Hay muchas áreas de oportunidad para ese combustible ilegal”, señala, evidenciando la facilidad con que los comercializadores ofrecieron tanques prestados, instalación rápida y combustible más barato.
Ese modelo generó incentivos inmediatos para que muchas compañías migraran al autoconsumo informal. En lugar de comprar en estaciones de servicio, optaron por abastecerse en estos puntos irregulares, donde el precio podía ser uno o dos pesos menor por litro, suficiente para generar ahorros mensuales de más de 100,000 pesos. El resultado fue una disminución visible en las ventas de gasolineras, que perdieron contratos corporativos y clientes que antes representaban un volumen considerable.
Además del impacto económico, la expansión desordenada abrió la puerta a un riesgo mayor: la llegada de combustible robado (huachicol). Ricardo Quiroz, presidente de Ampes, explica que estas instalaciones se convirtieron en “grandes receptoras” de hidrocarburos ilícitos debido a su falta de regulación y a que operan fuera del escrutinio de las autoridades.
Riesgos fiscales, legales y operativos para las empresas
La falta de trazabilidad en estas instalaciones no solo afecta al mercado formal; también coloca en riesgo a las empresas que las utilizan. Las autoridades fiscales, especialmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT), han reforzado inspecciones con énfasis en consumos que superen los 75,000 litros mensuales. Si una empresa presenta una factura global por 80,000 litros de combustible adquiridos a intermediarios no autorizados, el SAT puede cancelar sus sellos digitales, dejándola sin posibilidad de facturar y, por tanto, sin operar.
En materia operativa, el peligro es aún mayor. La falta de estándares técnicos, protocolos de seguridad y equipos certificados convierte estos patios de autoconsumo en espacios vulnerables a fugas, explosiones, incendios y daños ambientales. A pesar del uso de sustancias altamente inflamables, muchas instalaciones siguen fuera del radar debido a la ausencia de una regulación específica por parte de la ASEA, necesaria para establecer requisitos de seguridad.
La urgencia de un marco regulatorio robusto
Para frenar el crecimiento de este mercado paralelo, el gobierno federal ha comenzado a actualizar el marco regulatorio. El nuevo esquema exige permisos de autoconsumo, controles volumétricos, documentación de trazabilidad y supervisiones periódicas. Sin embargo, especialistas coinciden en que el sistema aún está incompleto y requiere una regulación más clara, especialmente en materia de seguridad industrial.
Además, la OCDE ha recomendado a México reforzar el control sobre el comercio de combustibles para reducir la informalidad, mejorar la recaudación y asegurar una competencia equitativa. Sin una fiscalización efectiva, el mercado ilegal seguirá expandiéndose y debilitando al sector formal.
Un desafío económico y de seguridad nacional
El fenómeno del autoconsumo irregular ya no es un problema aislado: afecta ventas, distorsiona la competencia, erosiona la recaudación y compromete la seguridad operativa de miles de empresas. También crea una red subterránea que facilita la circulación de combustible robado, alimentando economías criminales que ponen en riesgo a trabajadores, transportistas y consumidores.
México enfrenta hoy la necesidad urgente de ordenar el mercado, cerrar brechas regulatorias y establecer un régimen de supervisión que impida el crecimiento de estas instalaciones clandestinas. Sin una intervención firme y sostenida, el mercado ilegal de combustibles continuará expandiéndose, afectando no solo al sector gasolinero, sino a toda la economía formal.
