El reto de garantizar seguridad social a repartidores y conductores de plataformas digitales sigue en debate. De acuerdo con Ángel Pazos, coordinador del Diálogo Sindical de la Fundación Friedrich Ebert, es necesario ajustar el cálculo de ingresos mensuales para que más trabajadores puedan acceder a los cinco seguros de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El objetivo: 300 mil trabajadores con seguridad social plena

El gobierno federal se ha propuesto que al menos 300 mil trabajadores de plataformas digitales por mes cuenten con seguridad social completa. Sin embargo, los resultados del segundo mes del plan piloto muestran un panorama complicado: de los 1.2 millones de trabajadores afiliados al IMSS, apenas 133 mil 178 personas (el 13.6 %) lograron superar el umbral del Ingreso Neto Mensual (INM) requerido.

Esto significa que la mayoría de repartidores y conductores aún no acceden a prestaciones como atención médica, guarderías, ahorro para el retiro o pensión por invalidez.

Cómo se calcula el ingreso neto mensual

El INM se determina tomando el ingreso total del trabajador y restando un porcentaje de exclusión, que representa el costo de las herramientas de trabajo necesarias para prestar el servicio.

En la práctica, este método limita el acceso de miles de personas a la seguridad social, ya que establece umbrales altos de ingresos que muchos repartidores no alcanzan.

Por ejemplo, los porcentajes de exclusión previstos para la siguiente etapa son:

• 36 % para conductores de automóvil, lo que implica que deberán generar más de 13 mil pesos mensuales para acceder a la seguridad social plena.
• 30 % para repartidores en motocicleta, quienes necesitarán ingresos de 11 mil 948 pesos.
• 12 % para repartidores sin vehículo motorizado, con un umbral de 9 mil 500 pesos mensuales.

El problema de fondo: costos y reconocimiento del trabajo

Según Pazos, estos criterios de exclusión no reflejan la realidad del trabajo en plataformas digitales. Muchos repartidores deben cubrir gastos constantes en gasolina, mochilas, celulares, mantenimiento o desgaste del vehículo, lo que reduce significativamente sus ingresos netos reales.

Además, insistió en que es fundamental que las empresas de plataformas reconozcan el tiempo de conexión de los trabajadores, no solo las entregas realizadas, ya que el tiempo de espera también forma parte de su jornada laboral.

El avance y lo que viene

La primera fase del plan piloto concluye este mes, y la segunda etapa se desarrollará entre octubre y diciembre de 2025. Será en enero de 2026 cuando entre en vigor la aplicación plena de la ley, por lo que todavía existe incertidumbre sobre qué criterios se adoptarán para calcular los ingresos.

“La gran duda es qué porcentaje se tomará en enero”, advirtió Pazos, señalando que este factor será decisivo para que el programa logre su meta de cobertura o se quede corto frente a las expectativas.

Un paso hacia la formalización del trabajo digital

El acceso a la seguridad social para repartidores y conductores representa un paso crucial hacia la formalización del trabajo en plataformas digitales. Sin embargo, el éxito de la política dependerá de que se ajusten los parámetros de cálculo y de que las empresas asuman un papel más activo en cubrir parte de los costos de operación.

Para los trabajadores, contar con IMSS, pensión, guarderías y acceso a la salud significaría una transformación profunda en sus condiciones laborales. Para el Estado, es una oportunidad de cerrar la brecha de informalidad en un sector en crecimiento.

El ajuste en el cálculo del ingreso neto mensual es clave para que los trabajadores de plataformas digitales puedan acceder a la seguridad social. Si los porcentajes de exclusión se mantienen altos, la meta de 300 mil beneficiarios por mes será difícil de alcanzar.

El futuro de este programa no solo dependerá de las decisiones del gobierno, sino también de la responsabilidad de las empresas de plataformas en reconocer el valor real del trabajo de repartidores y conductores. El reto está en lograr un equilibrio entre protección social, sostenibilidad económica y justicia laboral en la era digital.