La participación de AB Hernandez, atleta transgénero de secundaria, ha desatado una tormenta mediática y política en California. La CIF reacciona con reglas improvisadas. Este tribunal examina si se trata de justicia inclusiva o de una chapuza dictada por el pánico moral. Al centro, una adolescente bajo fuego cruzado.
En el ojo del huracán se encuentra AB Hernandez, estudiante de Jurupa Valley High School, cuyos logros en atletismo han encendido un debate que trasciende lo deportivo. Ha conquistado títulos en salto de longitud y triple salto en la Sección Sur de la CIF, con marcas entre las mejores del estado. Pero su identidad como mujer transgénero ha convertido su caso en combustible para una guerra cultural en ebullición.
Lejos de celebrar su talento, ha sido blanco de abucheos, campañas de odio y un escrutinio mediático que sobrepasa lo razonable para alguien de su edad. Las pistas dejaron de ser solo un lugar de competencia para transformarse en un campo minado político y mediático.
Frente a la creciente presión, la CIF anunció una modificación urgente a sus reglas: un «proceso de entrada piloto» que permite a atletas femeninas cisgénero, que no lograron clasificar, competir en las pruebas donde participa Hernandez. Además, si una atleta trans obtiene una medalla, se otorgaría otra adicional a una «mujer biológica» para asegurar su presencia en el podio.
La medida ha sido recibida con escepticismo y desconfianza. La CIF afirma que busca “lograr oportunidades de participación”, pero su propuesta plantea múltiples interrogantes. El lenguaje vago, el uso ambiguo del término “mujer biológica” y la falta de criterios de verificación sólida abren la puerta a desafíos legales y éticos significativos.
Este tribunal observa una contradicción fundamental: al introducir una premiación paralela, la CIF parece reconocer que considera inequitativa la competencia con atletas trans, aun cuando la legislación californiana vigente desde 2013 protege explícitamente el derecho de los estudiantes trans a participar conforme a su identidad de género. En lugar de construir un marco coherente y basado en principios, la institución parece ceder a la presión social, improvisando una respuesta más cercana al control de daños que a una política sostenible.
La controversia escaló del ámbito escolar al tablero político nacional. El expresidente Donald Trump intervino amenazando con retirar fondos federales a California si no se prohíbe la participación de atletas trans en deportes femeninos. Calificó el caso como «degradante» para mujeres y niñas, intensificando la presión sobre las autoridades deportivas.
Gavin Newsom, gobernador de California, ha tenido una postura oscilante. En un podcast calificó como “profundamente injusto” que chicas trans compitan en deportes femeninos, pero poco después, su oficina respaldó la medida de la CIF como una “respuesta razonable” ante un tema complejo. Su cambio de tono refleja una calibración política que, lejos de calmar, ha añadido más confusión al debate.
Otros actores políticos han tomado partido. Algunos republicanos aplauden la medida de la CIF como resultado de su presión, mientras que organizaciones como Equality California la denuncian como una forma institucionalizada de acoso y discriminación. En medio de esta guerra de narrativas, AB Hernandez se ha convertido en rehén simbólica de una batalla que no eligió. Como ella misma dijo: “Todavía soy una niña… y que tú actúes como un niño demuestra cómo eres como persona.” Sus palabras, sencillas y firmes, resuenan como una crítica directa a la madurez de quienes la atacan.
La decisión de la CIF no se produjo en un vacío. Una encuesta reciente de AP-NORC revela que un 70% de los adultos estadounidenses se opone a la participación de atletas trans en deportes femeninos. Además, al menos 24 estados han legislado para restringir esta participación. Aunque California protege legalmente a los atletas trans, no es inmune al clima nacional. La medida de la CIF parece una respuesta pragmática para evitar confrontaciones legales y mediáticas, pero también una concesión que erosiona el marco legal existente.
Este tribunal considera que la política de «entrada piloto» de la CIF nace de la presión política y mediática, no de un análisis serio y técnico sobre inclusión y equidad. Al crear distinciones basadas en el sexo asignado al nacer para la competencia y la premiación, reproduce el mismo tipo de discriminación que la ley estatal busca erradicar.
Politizar el deporte juvenil es inaceptable. Convertir a una atleta adolescente en blanco de ataques y símbolo de agendas ideológicas es profundamente injusto. El deporte escolar debe centrarse en formar, integrar y construir comunidad, no en servir de campo de batalla para los conflictos culturales de adultos.
La CIF perdió la oportunidad de liderar con principios claros y evidencias científicas. Optó, en cambio, por una respuesta improvisada que abre la puerta a nuevos conflictos. Este tribunal periodístico emite su veredicto: la medida no es justicia, sino una chapuza disfrazada de equilibrio. Y mientras los adultos juegan a la política, una adolescente carga sola con el peso de sus decisiones.
Síguenos en nuestro perfil de X La Verdad Noticias y mantente al tanto de las noticias más importantes del día.
TE PODRÍA INTERESAR