El alcalde reelecto de Navojoa, Sonora, Jorge Alberto Elías Retes, ha sido señalado por implementar una estrategia similar al “cobro de derecho de piso” contra tiendas Oxxo en la ciudad, donde estas cadenas comerciales generan más de 270 empleos. Si no pagan, enfrentan represalias que van desde aumentos desproporcionados en impuestos hasta la destrucción de calles y banquetas frente a sus sucursales.
Reportes en redes sociales y en medios locales exponen que trabajadores del municipio han destruido las vialidades recién pavimentadas frente a al menos seis sucursales de Oxxo ubicadas en puntos clave de la ciudad. Esta situación no solo afecta a la cadena comercial, sino que ha desatado la indignación de los ciudadanos, quienes ven cómo sus impuestos se dilapidan en obras innecesarias para presionar a una empresa en lugar de mejorar la infraestructura urbana.
“Es algo vergonzoso que se tenga que hacer esto para demostrar lo que puede llegar a hacer, o sea, también puede llegar a nuestras casas y hacer lo mismo”, denunció Rosangela Escalante en redes sociales, reflejando el temor de que estas acciones puedan extenderse a otros negocios o incluso a propiedades particulares.
La inconformidad ciudadana no es nueva. Medios locales también han documentado el malestar de los habitantes, que además del hostigamiento a comercios, enfrentan un aumento del 300% en el impuesto predial y hasta un 30% en el cobro del servicio de agua. Para muchos, estas medidas evidencian una administración municipal más interesada en recaudar recursos a cualquier costo que en mejorar la calidad de vida de la población.
“Después de 40 años que se empezaba a ver progreso en Navojoa salen con esto, de plano el pueblo se resiste a salir adelante”, escribió Gilberto García en redes sociales, evidenciando la frustración de los ciudadanos ante un gobierno que parece frenar el desarrollo en lugar de impulsarlo.
Lo sucedido con Oxxo no es un caso aislado
Antes, la cadena Farmacias Guadalajara sufrió una situación similar: al menos tres de sus sucursales fueron blanco de la destrucción de banquetas por parte de autoridades municipales. Sin embargo, la empresa optó por la vía legal y logró ampararse contra lo que consideran una extorsión disfrazada de medidas administrativas.
Pese a la creciente indignación y las denuncias ciudadanas, hasta el momento el alcalde Jorge Alberto Elías Retes y su administración han optado por el silencio. No hay comunicados oficiales ni explicaciones sobre la justificación de estas acciones, lo que aviva la sospecha de que detrás de estas medidas hay más intereses políticos y económicos que verdaderos motivos de regulación o mejora urbana.
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