La semana pasada, Moody’s Investors Service anunció que mantenía la calificación crediticia de México en Baa2, pero con un cambio significativo: su perspectiva pasó de «estable» a «negativa». Este ajuste refleja inquietudes sobre el debilitamiento en la generación de políticas públicas, la certidumbre jurídica y la estabilidad de las bases institucionales del país.
Aunque esta decisión no significa una rebaja inmediata del grado de inversión, sí incrementa el riesgo de que México pierda acceso favorable a los mercados de capitales y enfrente un mayor costo en su financiamiento.
¿Por qué importa la calificación de Moody’s?
La calificación crediticia evalúa la capacidad de un país para cumplir con sus compromisos financieros. Una perspectiva negativa, como la otorgada a México, advierte sobre un posible deterioro económico.
Consecuencias clave de una rebaja crediticia:
- Mayor costo de financiamiento: Incremento en las tasas de interés para deuda soberana.
- Impacto en inversión extranjera: Los inversionistas priorizan economías con menores riesgos.
- Efectos en el sector privado: Las empresas enfrentan mayores costos de endeudamiento al operar en un entorno económico menos estable.
Certidumbre jurídica: Un pilar en riesgo
Desde 2018, México ha implementado cambios ideológicos en su estructura institucional que han modificado las reglas del juego económico. Según Moody’s, estos ajustes han generado incertidumbre en la actividad productiva privada, dificultando la planeación de inversiones a largo plazo.
La importancia de las reglas claras:
- Generalidad: Las normas deben aplicarse de manera equitativa a todos los ciudadanos.
- Abstracción: Deben ser impersonalmente aplicables.
- Coercibilidad: Su cumplimiento debe estar garantizado por el Estado.
El debilitamiento de estas características genera confusión, conflictos sociales y una percepción de inestabilidad que afecta tanto a los mercados financieros como a los ciudadanos.
La interpretación de la ley: Justicia en riesgo
El Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar la correcta aplicación de las normas. Sin embargo, cuando las decisiones judiciales se ven influidas por intereses políticos, se desvirtúan los principios de independencia e imparcialidad, pilares de un sistema jurídico funcional.
Problemas derivados de la politización del Poder Judicial:
- Normas ideológicas: Las leyes creadas bajo intereses partidistas tienden a discriminar a quienes piensan diferente.
- Manipulación judicial: Interpretaciones sujetas a intereses políticos generan incertidumbre y reducen la eficacia de las reglas jurídicas.
- Pérdida de legitimidad: La percepción de un sistema judicial parcial erosiona la confianza pública y disminuye la inversión.
El impacto económico: De la norma a los mercados
La politización del marco jurídico afecta directamente la eficiencia del sistema económico. Al modificar las reglas para cumplir objetivos políticos, se incrementa el riesgo de incumplimiento en compromisos financieros.
Moody’s destacó que los cambios recientes en las políticas públicas podrían aumentar la ineficiencia económica, afectando la capacidad de México para generar ingresos suficientes y cumplir con sus obligaciones de deuda.
¿Qué debe hacer México para recuperar la confianza?
- Fortalecer las bases institucionales: Garantizar que las reglas jurídicas sean claras, estables y aplicables de manera equitativa.
- Despolitizar el Poder Judicial: La selección de jueces debe basarse en méritos, no en intereses partidistas.
- Generar certidumbre: Ofrecer un entorno económico predecible para fomentar la inversión y el crecimiento.
- Proteger la independencia judicial: Asegurar que las interpretaciones legales no estén sujetas a intereses políticos.
La advertencia de Moody’s y el futuro de México
El cambio de perspectiva por parte de Moody’s no es un castigo, sino una advertencia. México tiene la oportunidad de fortalecer su sistema institucional y jurídico para recuperar la confianza de los mercados internacionales y proteger su estabilidad económica.
Un enfoque en la transparencia, la imparcialidad y el cumplimiento de las reglas del juego será crucial para garantizar un futuro próspero y evitar una rebaja crediticia que podría tener efectos devastadores en las finanzas públicas y privadas.
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