El Congreso de Quintana Roo recibió una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del estado con la que se plantea reducir de cinco a tres años el periodo de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), órgano encargado de representar a la sociedad dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.
La propuesta es impulsada por el diputado de Morena, Jorge Sanén, quien detalló que el objetivo principal es dinamizar la representación ciudadana y evitar que estos espacios pierdan cercanía con las demandas actuales de la sociedad civil organizada.
“Nuestra propuesta obedece a la necesidad de consolidar un Sistema Estatal Anticorrupción más sólido, funcional y legítimamente vinculado con la sociedad, mediante mecanismos que fortalezcan la representación ciudadana, la transparencia institucional y la eficacia en la toma de decisiones públicas”.
Añadió que la experiencia del Sistema Nacional Anticorrupción ha demostrado que la efectividad de estos órganos depende de la legitimidad social y de la capacidad técnica de quienes los integran, por lo que considera necesario establecer reglas más claras sobre perfiles, temporalidad y condiciones de participación.
La reforma plantea periodos más cortos
Actualmente, la legislación estatal establece periodos de cinco años para quienes integran el Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, la nueva propuesta busca reducir ese tiempo a tres años para permitir una renovación más constante de perfiles ciudadanos.
“La reforma a la temporalidad de la Comisión de Selección responde a la necesidad de dinamizar el Sistema y garantizar que la representación ciudadana sea un reflejo actual y activo de la sociedad civil organizada.
“Un periodo de tres años permite una rotación más frecuente, lo que asegura que la Comisión se mantenga alineada con las dinámicas vigentes de las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil”, dijo.
El diputado agregó que esta medida también permitirá incorporar nuevas visiones y evitar el estancamiento institucional dentro de los órganos ciudadanos encargados de vigilar la transparencia y el combate a la corrupción.
Participación de universidades y sociedad civil
La iniciativa también propone fortalecer la participación de instituciones académicas y organizaciones civiles en los procesos de selección de integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
En ese sentido, el legislador explicó que se busca que las propuestas emitidas por universidades y organizaciones sociales sean tomadas obligatoriamente en cuenta durante los procesos de designación.
“El Comité de Participación Ciudadana es el canal de comunicación entre la sociedad y las instituciones de gobierno, por lo que, si las personas integrantes carecen de una trayectoria comprobable con organizaciones civiles, cámaras empresariales o la academia, se corre el riesgo de burocratizar la participación ciudadana”, dijo.
Además, Sanén reconoció que la legitimidad de estos espacios debe provenir del reconocimiento social y no únicamente de nombramientos políticos o administrativos.
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