Teuchitlán, Jalisco.— El 8 de julio de 2025 marca un momento crucial para las víctimas de la violencia en México: diez hombres fueron declarados culpables por el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I de Jalisco por su participación en los delitos de desaparición forzada y homicidio en el caso conocido como Rancho Izaguirre. El juicio, que se desarrolló durante una semana en Puente Grande, reunió más de 40 testimonios, pruebas forenses y periciales que resultaron determinantes para el fallo.
El operativo que cambió el rumbo del caso
Todo comenzó el 18 de septiembre de 2024, cuando un reporte de detonaciones de arma de fuego llevó a la Guardia Nacional a ingresar al Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela. Al llegar, los agentes fueron atacados y, tras un enfrentamiento, detuvieron a diez hombres, encontraron a una persona sin vida y rescataron a dos víctimas que se encontraban privadas de su libertad.
Entre los detenidos se encontraban: Kevin “N”, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Erick “N”, Luis Alberto “N”, Ricardo Augusto “N” y Armando “N”.
¿Un campo de exterminio en Jalisco?
Cinco meses después, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco regresó al rancho y realizó un hallazgo estremecedor: fragmentos óseos calcinados, ropa ensangrentada y cientos de objetos personales, lo que despertó la sospecha de que el sitio pudo haber sido un centro de exterminio.
Sin embargo, el 29 de abril de 2025, el fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que, si bien el lugar sirvió como un centro de adiestramiento del CJNG, no había evidencia de que funcionara como crematorio. “Se encontró una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos”, señaló, y advirtió que su antigüedad aún debía determinarse con precisión.
Testigos clave y pruebas decisivas
Una de las piezas más fuertes del juicio fue el testimonio de una víctima sobreviviente, quien identificó a uno de los acusados como partícipe directo de los hechos. Este relato, respaldado por evidencia forense y peritajes multidisciplinarios, fue determinante para sustentar las imputaciones.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, destacó la solidez del expediente, mientras que el Ministerio Público presentó una estrategia basada en pruebas materiales y análisis científicos. La defensa intentó desacreditar los argumentos, pero el tribunal concluyó que los acusados actuaron de forma conjunta y organizada.
¿Qué sigue para los condenados?
La audiencia de sentencia está programada para el martes 8 de julio a las 9:30 de la mañana. De acuerdo con especialistas en derecho penal, las penas podrían superar los 40 años de prisión, dada la gravedad de los delitos y el contexto agravante de violencia organizada.
Un caso que refleja una crisis nacional
El Rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo del horror que viven miles de familias en México. Según datos oficiales, más de 120,000 personas permanecen desaparecidas en el país, una cifra que evidencia la profundidad de la crisis y la impunidad persistente.
Aunque la sentencia aún no ha sido emitida, el fallo condenatorio representa un avance en la lucha por la justicia para las víctimas de desaparición forzada y homicidio en México. La sociedad civil, colectivos y medios internacionales seguirán de cerca lo que ocurra en la audiencia final.
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