La extorsión contra comerciantes se ha convertido en uno de los delitos más comunes y menos perseguidos en la Ciudad de México. Frente a esta alarmante situación, el diputado Andrés Sánchez Miranda, integrante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso capitalino, ha presentado una iniciativa que pretende reformar tres leyes clave para fortalecer la seguridad: la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y la Ley de Víctimas.

El objetivo es claro: crear un sistema más efectivo, especializado y enfocado en proteger a los pequeños y medianos negocios que diariamente enfrentan el acoso de grupos delictivos. La iniciativa incluye la creación de una unidad antiextorsión, policías especializados, botones de pánico y apoyo económico a las víctimas. Todo esto en respuesta a cifras que evidencian la magnitud del problema.

La extorsión, tercer delito más común en la capital

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la extorsión ocupa el tercer lugar entre los delitos más frecuentes en la Ciudad de México, con más de 6 mil casos por cada 100 mil habitantes.

A nivel económico, el impacto es devastador. Según la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en lo que va del año, las pérdidas por este delito ascienden a 85 millones de pesos, una carga que recae principalmente en pequeños comercios y no en grandes cadenas.

La CDMX también figura en el séptimo lugar nacional en casos de extorsión por negocio, con aproximadamente 3 mil 100 incidentes por cada 10 mil establecimientos. Esto implica que cerca de un 30% de los negocios han sido víctimas, una cifra alarmante que refleja tanto la magnitud como la frecuencia con la que operan los grupos criminales.

Impunidad y miedo: barreras para la denuncia

Uno de los puntos más preocupantes, según Sánchez Miranda, es que el 93.5% de estos delitos no se investigan. Muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias, y en los casos que sí se presentan, los expedientes rara vez avanzan a la etapa judicial. Esto genera un círculo de impunidad que fortalece a los delincuentes y deja desprotegidos a quienes generan empleos.

El legislador advirtió que el cierre de negocios por extorsión no solo representa una pérdida económica individual, sino también un problema social: se pierden fuentes de trabajo, se incrementa la percepción de inseguridad y se normaliza el silencio institucional ante el crimen.

Las cuatro medidas clave de la iniciativa

La propuesta legislativa se compone de cuatro acciones concretas que buscan atender el problema desde la prevención, la seguridad y el apoyo económico:

Creación de la Unidad Antiextorsión Comercial

Se propone establecer un nuevo cuerpo dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, enfocado exclusivamente en combatir la extorsión a comercios, tanto formales como informales. Esta unidad operaría en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y realizaría operativos encubiertos en zonas de alta incidencia.

Establecimiento de la Policía de Protección Empresarial y Comercial

Inspirada en la policía turística, esta fuerza se especializaría en vigilar corredores comerciales, proteger a emprendedores y disuadir el delito en puntos críticos de la ciudad. La presencia visible de este cuerpo también busca devolver la confianza a comerciantes y consumidores.

Instalación de botones de pánico

La iniciativa contempla asignar presupuesto para colocar botones de pánico físicos y digitales en negocios que lo soliciten. Estos dispositivos estarán conectados al sistema de atención a emergencias, y su instalación estará basada en zonas de alta incidencia, mapas delictivos y denuncias previas.

Apoyo económico directo a víctimas

Otra medida es otorgar créditos sin intereses a través de la Secretaría de Desarrollo Económico a comerciantes que hayan cerrado por extorsión. La finalidad es ayudarles a reabrir y sostener sus negocios, evitando que el crimen organizado tenga consecuencias irreversibles en la economía local.

Una propuesta con potencial de impacto inmediato

Para Sánchez Miranda, el delito de extorsión es más fácil de rastrear que otros, ya que generalmente es cometido por el mismo grupo criminal que regresa de forma regular a cobrar «cuotas» o «derechos de piso». Esto abre la puerta a operativos estratégicos y acciones más efectivas por parte de las autoridades.

La creación de estructuras especializadas, como la Unidad Antiextorsión Comercial, permitiría contar con agentes capacitados que conozcan las dinámicas específicas de este delito y puedan intervenir rápida y eficazmente. Asimismo, el respaldo económico a las víctimas enviaría un mensaje claro: el Estado no las dejará solas.

La iniciativa presentada por Andrés Sánchez Miranda marca un paso importante en el reconocimiento del impacto que la extorsión tiene sobre la economía local y la seguridad de los ciudadanos. Con más del 90% de los casos sin investigar y miles de negocios afectados, urge una respuesta institucional clara y contundente.

Medidas como la unidad especializada, botones de pánico y apoyo a víctimas podrían cambiar el panorama para miles de emprendedores que, hasta ahora, han enfrentado este delito en silencio. Si el Congreso de la Ciudad de México avanza con estas reformas, se abriría una nueva etapa en la protección del comercio y la recuperación de espacios libres de criminalidad.