La paz en Santiago Yosondua, Oaxaca, se ve nuevamente amenazada tras un nuevo episodio de violencia que interrumpe los esfuerzos de conciliación entre comunidades. La madrugada de este miércoles, habitantes de Santa María Yolotepec ingresaron a la agencia Buena Vista, causando destrozos y quemando casas, según informó Felipe Canseco, coordinador de la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón.

Este incidente ocurre a casi dos meses del primer desplazamiento forzado, dejando a más de 150 familias viviendo en condiciones precarias, principalmente en el palacio municipal de Santiago Yosondua.

Incumplimiento de acuerdos de paz recientes

El pasado lunes se llevó a cabo una reunión entre representantes de Yosondua y Yolotepec, con la participación de autoridades estatales, que logró avances importantes para el regreso seguro de los desplazados. Durante esta mesa de trabajo se acordó no ingresar a la zona en disputa y así promover un acuerdo de paz, destinado a evitar más confrontaciones.

Sin embargo, pese a estas resoluciones, la noche del martes y viernes, pobladores de Yolotepec ingresaron nuevamente a Buena Vista, provocando daños materiales y la quema de al menos seis viviendas. Este incumplimiento evidencia la fragilidad de los acuerdos y la dificultad de mantener la paz en la región.

Felipe Canseco denunció que, aunque el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, asegura que la Policía Estatal y la Guardia Nacional ofrecen seguridad en la zona, los hechos demuestran lo contrario. “Si así fuera, no habría nuevas incursiones”, subrayó.

Consecuencias para la población desplazada

A un mes y 20 días del primer ataque armado, más de 150 familias permanecen desplazadas, viviendo en condiciones temporales y sin acceso a sus hogares. Este fenómeno se suma a los desafíos humanitarios y de protección en Oaxaca, donde las leyes que sancionan el desplazamiento forzado aún no se han aplicado en este caso.

Los desplazados enfrentan inseguridad, pérdida de bienes y la interrupción de su vida cotidiana, lo que genera una situación crítica en términos de bienestar y derechos humanos. La continuidad de estos ataques compromete cualquier intento de normalización en la región.

Investigaciones y posibles responsables

Pobladores de Yosondua han señalado que la reactivación del conflicto en 2024 estuvo ligada a Florentino Velasco Jiménez, comisario de Bienes Comunales de Yolotepec, como presunto responsable de las agresiones. Canseco demandó una investigación exhaustiva para determinar a los culpables y llevarlos ante la justicia.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, afirmó que se están realizando indagatorias para identificar a quienes buscan boicotear los acuerdos de paz. Además, mencionó que recientemente se decomisó un taxi en territorio de Yosondua con 2 mil 500 cartuchos útiles y uniformes tácticos, lo que evidencia la preparación de grupos para continuar las agresiones.

Romero López reconoció que la mesa de trabajo del lunes anterior había logrado buenos avances hacia la pacificación, pero estos se vieron truncados por la incursión de la madrugada del miércoles. “Hay quienes quieren boicotear los últimos acuerdos”, señaló, enfatizando la necesidad de fortalecer la seguridad y supervisión en la región.

Contexto del conflicto en Oaxaca

El conflicto entre Santiago Yosondua y Santa María Yolotepec tiene raíces en disputas territoriales y problemas históricos de control sobre bienes comunales. La violencia recurrente ha generado desplazamientos masivos, destrucción de propiedades y tensión constante entre comunidades, afectando tanto la seguridad como la cohesión social.

Aunque existen mecanismos legales y mesas de diálogo promovidas por el gobierno estatal, la implementación efectiva de la ley y la protección de las familias desplazadas sigue siendo un desafío. Organizaciones de derechos humanos y defensores locales han insistido en la necesidad de medidas preventivas más estrictas y vigilancia constante para evitar que los conflictos escalen.

Llamado a la acción y medidas de prevención

Autoridades y defensores coincidieron en que es necesario garantizar la seguridad de los desplazados y reforzar la presencia de fuerzas estatales y federales en zonas de riesgo. Asimismo, instan a una investigación rápida y transparente que identifique a los responsables y evite nuevas agresiones.

El caso de Santiago Yosondua evidencia que, aunque se alcancen acuerdos de paz temporales, la falta de cumplimiento y control de grupos armados puede revertir los avances, manteniendo a la población en situación de vulnerabilidad. La comunidad local y las autoridades deberán trabajar de manera coordinada para garantizar que los derechos humanos y la paz social sean respetados.