Minería en riesgo no es una advertencia a futuro, es una descripción del presente. En vastas regiones de México, la industria minera opera bajo una presión constante del crimen organizado, que no solo roba cargamentos millonarios, sino que extorsiona, secuestra personal y, en algunos casos, toma control directo de los yacimientos.
El problema no es aislado ni reciente. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Minera, el 97 por ciento de las empresas del sector ha sido víctima de algún delito. Una cifra que refleja una crisis estructural donde la inseguridad ya forma parte del costo operativo.
El secuestro que evidenció la vulnerabilidad minera
El caso más reciente que sacudió al sector ocurrió en Sinaloa, donde diez trabajadores de una minera canadiense fueron secuestrados en el municipio de Concordia. El hecho expuso de forma cruda la fragilidad de las operaciones en zonas dominadas por grupos armados.
Especialistas del sector energético señalan que México ocupa el cuarto lugar más peligroso del mundo para ejercer minería, solo por debajo de regiones en conflicto armado abierto. Esta clasificación no responde a una percepción, sino a una sucesión de hechos violentos documentados durante la última década.
Minas tomadas por el crimen organizado
Uno de los ejemplos más contundentes ocurrió en Sonora. La mina La Ciénega, ubicada en Piquito, permaneció durante cinco años bajo control de grupos criminales. No fue sino hasta finales de 2024 cuando autoridades estatales lograron recuperarla.
Consultores en riesgo político y seguridad subrayan que estos episodios no serían posibles sin un alto nivel de impunidad. La ocupación armada de una mina, pese a denuncias formales y pruebas, revela vacíos críticos en la capacidad de respuesta del Estado.
Robos millonarios que marcaron a la industria
La minería en riesgo también se refleja en una larga lista de asaltos de alto impacto:
En 2015, un comando robó siete mil onzas de oro de la mina El Gallito 1, en Sinaloa, con pérdidas estimadas en 8.4 millones de dólares.
En 2019, en Sonora, fueron robados 47 lingotes de doré de un camión de valores de minera Penmont.
En 2020, comandos armados asaltaron vehículos blindados cerca de Caborca y la mina Mulatos, incluso huyendo en avioneta.
En 2024, once góndolas con minerales fueron robadas en Zacatecas, marcando un precedente por el volumen y la logística del golpe.
En 2025, desaparecieron 300 kilos de oro tras el desplome de un helicóptero procedente de una mina en Guerrero, junto con tres tripulantes.
Estos hechos no solo muestran violencia, sino una sofisticación operativa que preocupa a analistas y empresas.
Estados con mayor riesgo para la minería en México
De acuerdo con la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, los estados con mayor riesgo son:
Zacatecas
Durango
Sonora
Estas entidades concentran el 51.8 por ciento de la incidencia delictiva relacionada con minería. A ellos se suma Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 la violencia entre facciones del cártel de Sinaloa elevó el riesgo para minas y proyectos en desarrollo.
El impacto económico de operar bajo amenaza
El crimen organizado no solo roba minerales. También se apropia de explosivos, maquinaria y herramientas especializadas, insumos clave para la minería ilegal. En muchos casos, estos materiales son robados por encargo.
Esta situación dispara los costos de producción. Contratar seguridad armada especializada es extremadamente caro, y cuando a esto se suma el pago de extorsiones, la rentabilidad se ve severamente afectada.
Expertos coinciden en que la minería en riesgo es resultado de operar en zonas remotas, con poca presencia del Estado y comunidades marcadas por carencias históricas. Este contexto facilita que los grupos criminales se integren al entorno local y ejerzan control territorial.
Una industria estratégica bajo presión constante
La minería es un sector clave para la economía mexicana, pero hoy enfrenta un desafío que va más allá del mercado o la regulación. La inseguridad redefine decisiones de inversión, frena proyectos y pone en peligro vidas humanas.
Mientras no exista una estrategia integral de seguridad, la minería seguirá operando bajo amenaza. La minería en riesgo no solo afecta a las empresas, también compromete el desarrollo regional, el empleo y la confianza internacional en el país.
