El atentado en Sinaloa contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano marcó un punto de quiebre en la agenda de seguridad nacional. No se trató solo de un ataque armado más en una entidad golpeada históricamente por la violencia, sino de una agresión directa contra representantes populares a plena luz del día, tras salir del Congreso estatal. La respuesta del Estado mexicano no tardó en llegar.
En operativos coordinados en distintos puntos de Sinaloa, autoridades federales lograron la detención de uno de los presuntos responsables del ataque, además de desarticular varias células criminales y erradicar un plantío de amapola. El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien subrayó que las investigaciones continúan para evitar la impunidad.
El ataque que encendió las alertas nacionales
El 28 de enero, los diputados Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos de Movimiento Ciudadano, fueron atacados a balazos cuando circulaban por la avenida Paseo Niños Héroes, en Culiacán, tras salir del Congreso del estado. El atentado dejó a Montoya Ojeda sin un ojo y a Torres Félix gravemente herido.
El atentado en Sinaloa no solo generó indignación política, sino que evidenció el nivel de riesgo que enfrentan actores públicos en regiones dominadas por estructuras criminales complejas y violentas.
Harfuch confirma captura ligada al atentado en Sinaloa
En un mensaje difundido en redes sociales, Omar García Harfuch informó la captura de uno de los hombres que habría participado directamente en la agresión armada. La detención fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.
De manera paralela, integrantes del Gabinete de Seguridad detallaron que en Culiacán fue detenido Jesús Emir Bazoco Peraza, alias El Compa Güero o Radio 13, identificado como operador del Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos, y señalado como responsable del ataque contra los legisladores.
El funcionario federal destacó que la instrucción presidencial es clara: ningún ataque contra representantes democráticos debe quedar sin castigo.
Golpes simultáneos al crimen organizado
El operativo no se limitó a una sola detención. En Navolato, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a seis integrantes de una célula generadora de violencia, asegurándoles nueve armas largas, equipo táctico y tres vehículos con reporte de robo.
En Culiacán, personal de la SSPC detuvo a tres personas más en posesión de armas largas y equipo táctico, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa capturó a otros seis presuntos integrantes del crimen organizado.
En total, las acciones dejaron como saldo la detención de 16 personas vinculadas con hechos violentos en la entidad, una señal de que el atentado en Sinaloa aceleró una ofensiva coordinada de alto impacto.
Erradicación de amapola y control territorial
Como parte de estas acciones, elementos de la Marina localizaron y destruyeron un plantío de amapola en el municipio de Cruz de Elota. El cultivo, de aproximadamente 100 metros de largo por 50 de ancho, albergaba cerca de 20 mil plantas, con un peso estimado de cuatro toneladas.
Este golpe no es menor: la amapola es una fuente clave de financiamiento para organizaciones criminales, y su erradicación afecta directamente las economías ilícitas que sostienen la violencia regional.
Un mensaje político y de seguridad
El atentado en Sinaloa puso en evidencia que la violencia no distingue cargos ni colores partidistas. También obligó al Estado a responder con contundencia para evitar que este tipo de ataques se normalicen como parte del paisaje político.
Para Harfuch y el Gabinete de Seguridad, el mensaje es doble: por un lado, proteger a los actores políticos; por otro, debilitar las estructuras criminales que buscan imponer el miedo como método de control.
Un caso que sigue abierto
Aunque las detenciones representan un avance significativo, las autoridades han sido claras en que la investigación continúa. El objetivo es detener a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, y reconstruir la cadena de mando detrás del ataque.
El atentado en Sinaloa se convierte así en un caso emblemático sobre la relación entre política, violencia y crimen organizado en México, y en una prueba clave para medir la capacidad del Estado de garantizar seguridad y justicia en contextos de alta conflictividad.
