Este martes, Martín Medina Sonda, condenado por el feminicidio de la activista yucateca Emma Molina Canto, fue encontrado sin vida en una cárcel de Villahermosa, Tabasco. El gobernador Javier May confirmó los hechos y señaló que los primeros indicios apuntan a que se trató de un suicidio.
El caso conmocionó a la sociedad yucateca y nacional en 2017, cuando Medina Sonda asesinó a su ex esposa y madre de tres hijos, tras un largo proceso legal en el que Emma Gabriela Molina luchó por la custodia de sus hijos y su seguridad.
Antecedentes del caso
Medina Sonda no solo había sido condenado por feminicidio, sino que también cumplía una pena de 12 años por desvío de recursos públicos en Tabasco, donde mantenía cercanía con el gobierno de Andrés Granier.
La sentencia de 50 años por el feminicidio reflejaba la gravedad del crimen y la repercusión mediática que tuvo, ya que puso en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres para protegerse de la violencia de género y obtener justicia en México.
Reacciones familiares y sociedad
La madre de Emma Gabriela, Ligia Canto, aseguró en entrevista con La Jornada Maya que aún no tiene confirmación oficial del deceso. “No lo daré por muerto hasta no ver el cadáver”, afirmó, al tiempo que pidió respeto por sus nietos y espacio para la familia afectada.
Este suceso ha generado un nuevo debate en torno a la seguridad en las cárceles mexicanas, la atención a presos de alto riesgo y las implicaciones de que condenados por feminicidio puedan quitarse la vida, dejando un vacío en el cierre emocional de las familias afectadas.
Impacto y reflexiones
El feminicidio de Emma Molina fue un caso emblemático que marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia de género en Yucatán y México. La noticia de la muerte de su agresor genera sentimientos encontrados: mientras algunos buscan justicia punitiva, otros reflexionan sobre la prevención de suicidios en el sistema penitenciario.
Este hecho también resalta la necesidad de protocolos de vigilancia y asistencia psicológica para reos condenados por delitos graves, así como de programas de apoyo para las familias de las víctimas, especialmente cuando hay menores afectados.
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